La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social realizó en Lago Agrio, Sucumbíos, la vigésima segunda mesa de diálogo para la construcción del nuevo Código del Trabajo. Aquí participaron alrededor de 300 personas que formularon más de 50 propuestas de carácter laboral.
Para el asambleísta Juan Cárdenas, miembro de la comisión, se viven nuevos tiempos y la Legislatura, a través de la Comisión de los Trabajadores, recorre el país para hacer una nueva legislación. Dijo que se rebasó la expectativa con una asistencia que llenó el auditorio del Centro de Atención Ciudadana de Nueva Loja, Lago Agrio.
Sobre las características en esta provincia, dijo que hay un denominador común, que es una especie de sistemática burla al Mandato 8. Esta prohíbe toda forma perversa de precarizar el trabajo, pese a lo cual se practica, sobre todo, en el sector petrolero.
Exhortó al Ministro del Trabajo para que realice una acción directa con el fin de evitar que se burle este derecho de los trabajadores, quienes reclaman que se de preferencia a las personas que viven en la región para la contratación de mano de obra.
Según el legislador, han avanzado en algunos temas, sobre todo, en los que son recurrentes, como es la inclusión de nuevas modalidades de trabajo, la necesidad de una mayor acción por parte del Ministerio del Trabajo para que no se dilaten los procesos que perjudican a los derechos de los trabajadores, que son intangibles e irrenunciables.
Cárdenas informó que una vez que visiten Orellana y Santa Elena, que será hasta el 20 de diciembre, concluirán con las 24 provincias. Espera que el primer trimestre de 2018 concluya esta tarea para contrastar la información obtenida en las mesas de diálogo.
Precisó que en las jornadas participó el Ministerio del Trabajo, quien se comprometió con su acción en una armónica coordinación a efectos de lograr un instrumento legal que permita regular las relaciones entre empleadores y trabajadores.
El asambleísta sostuvo que la participación de la ciudadanía ha enriquecido el proyecto que tiene como objetivo ampliar la cobertura de protección de los derechos de los trabajadores.
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