No solo dio a conocer los casos de abuso sexual en escuelas y colegios, sino que también sugirió la forma de enfrentar la problemática. Aprovechó para expresar su inquietud en cuanto a las dificultades que enfrenta la Fiscalía para prestar un mejor servicio. En esto se resume la comparecencia que realizó Carlos Baca Mancheno a la Comisión Aampetra.
El funcionario fue llamado para que exponga sobre las acciones adoptadas en torno a las denuncias presentadas por casos de violencia sexual en los planteles educativos. Su presencia formó parte de una resolución del Consejo de Administración Legislativa, que pidió la presencia de varios funcionarios del sistema judicial y educativo.
Baca Mancheno informó que entre 2015 y 2017 se han presentado 27 mil 666 denuncias en todas las personas por diferentes tipos de delitos sexuales. De esos, 4 mil 854 corresponden al grupo de niños, niñas y adolescentes, de los cuales se desprenden 714 en el ámbito educativo. El 90 % se produce en contra de las mujeres.
Pero para enfrentar esta problemática considera que se debe pensar en pirámide y atacar la base, que es la prevención como una política de Estado. Después cree que hay que hacerle frente a la detección del problema, con concienciación y protección de las víctimas. En tanto, en la cúspide, como una parte mínima, está el proceso penal, donde interviene la Fiscalía.
La intervención de esta institución la dividió en dos partes: sobre lo que le compete como funciones exclusivas y otras acciones. En el primer caso, detalló que han capacitado a 224 funcionarios, reestructurado la entidad para establecer prioridades, como el caso de abuso sexual a niños y adolescentes, a través del Servicio de Atención Integral; investigación especializada, protocolos para procesar las denuncias y seguimiento de casos.
Además, con otras instituciones, como Unicef, han trabajado en la campaña “Ahora que lo ves, di no más” para prevenir los delitos y se ha capacitado a personal del Ministerio de Educación.
Sin embargo, su presencia también sirvió para que exprese algunas preocupaciones que no les permiten desarrollar un mejor servicio. Explicó que a nivel nacional tienen una capacidad instalada de 226 puntos de recepción de denuncias y 38 unidades de peritaje, pero que solo cuentan con 48 psicólogos, cuando necesitan, por lo menos, el doble y con 68 médicos legistas, lo que implica que no hay estos profesionales en todos los cantones.
Precisamente, la mayor tasa de incidencia de estos delitos se encuentran en la Amazonía y las fronteras, según Baca Mancheno, donde se presentan desde 65 hasta 125 el índice de incidencia por cada 100 mil habitantes. Para solventar la necesidad de profesionales y cobertura indicó que necesitan de alrededor de 5,2 millones de dólares anuales.
Reparación de derechos
A la Comisión Ocasional Aampetra le preocupa que la reparación de derechos de las víctimas de abuso sexual en escuelas y colegios sea efectiva. Esa inquietud la trasladó al fiscal Carlos Baca Manechao.
El funcionario aseguró que con la vigencia del Código Penal la sentencias deben incluir la reparación de derechos, que pueden ser económicas o simbólicas y que, en caso de que no la tenga, es motivo para que la Fiscalía apele la condena.
Silvia Salgado, presidenta de la comisión, recordó que en los casos presentados por familiares de víctimas hay inquietud porque no se cumplen estas medidas.
LILA/pv
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