La Comisión Aampetra ha logrado reactivar 171 procesos administrativos que habían sido archivados, así como algunas causas judiciales, como el pedido de investigación de 80 expedientes en la Fiscalía, con el fin de evitar que estos casos de abuso sexual en escuelas y colegios queden en la impunidad.
Hasta la fecha, la comisión ha conocido 30 casos sobre hechos y presuntos hechos de violencia sexual en instituciones educativas, mediante el relato directo de los familiares de las víctimas, por la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y a través de información publicada en medios de comunicación.
Además, ha efectuado ocho requerimientos de información sobre investigación, juzgamiento y sanción de casos, así como de políticas públicas para el combate y prevención de esta problemática.
La documentación ha sido complementada con las comparecencias de los ministerios de Educación, Justicia y Salud; exministros del sector educativo, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública, y Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Con esas acciones ha logrado, también, identificar la necesidad de articular acciones entre las diferentes instituciones del Estado, con competencia en esta materia, y ha promovido espacios de trabajo coordinado como la Mesa Interinstitucional creada desde el Ejecutivo.
Esa sugerencia la realizó la mesa el 25 de octubre, en Guayaquil, en una reunión conjunta entre la Comisión, el Consejo de Administración Legislativa y los familiares de las víctimas del Colegio Réplica Aguirre Abad. Allí se recomendó crear un sistema articulado para enfrentar la problemática de abuso sexual.
Otro de los logros de la Comisión es haber incidido en el fortalecimiento de los niveles de control por parte del Ministerio de Educación sobre las instituciones educativas, como los casos de la Unidad Educativa Aampetra, en Quito, y el Réplica Aguirre Abad, en Guayaquil, para que proceda con la intervención.
Al mismo tiempo, ha promovido la protección y reparación de derechos de las víctimas;, patrocinio legal en favor de víctimas que no la tenían, y evaluación legislativa.
LILA/pv
