El asambleísta Raúl Tello propuso derogar la reforma a las Leyes de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la administración de los fondos previsionales cerrados, a fin de que esos recursos sean administrados por los propios afiliados y no por el BIESS, como determina la ley vigente.
El legislador, que estuvo acompañado de la viceprefecta de Pichincha, Marcela Costales, argumentó que los fondos de cesantía privados hoy cuentan con menos recursos que en el año 2015, cuando pasaron a la administración del Biess.
Así mismo, informó que los fondos previsionales cerrados pertenecen a 200 mil ecuatorianos y sus familias. También que producto de la ley el Biess pasó a administrar cerca de 1200 millones de dólares, pertenecientes a fondos privados, que son el fruto del trabajo y sacrificio de miles de ecuatorianos.
“Lamentablemente, la administración del Biess no ha sido adecuada”, insistió Tello, al señalar que en el caso de los Fondos de Cesantía del Magisterio en 2015 tenía 390 millones de dólares y actualmente tiene menos de 350 millones de dolares; de la Contaloría, de aproximadamente 23 millones que tenía cuando cambió de administración, hoy tiene menos de 17 millones.
Comentó que estos problemas se producen porque los dueños o partícipes no son considerados en la administración de los fondos ni en las inversiones. También aseveró que se han limitado a invertir esos dineros en el Banco del Pacífico con una tasa de interés de alrededor del 3 % anual, “lo que significa pérdida para los fondos de 200 mil familias”.
La demostración más clara que no existe participación activa de los dueños ocurrió en el fondo de cesantía del Magisterio, cuando se convocó a la elección de 35 representantes; “son 119 mil afiliados y solo votaron 416 a nivel nacional, incluso hay algunas provincias con cero votantes”, subrayó.
El parlamentario manifestó que la Asamblea Nacional no puede estar al margen de este problema. Por ello presentó el proyecto y aspira que se trate de manera oportuna, propuesta que tiene el respaldo de 71 asambleístas, así como del Prefecto y la Viceprefecta de Pichincha, Gustavo Baroja y Marcela Costales, respectivamente.
Según Tello, con la ley aprobada en 2015 pasaron a la administración del Biess los fondos previsionales cerrados de los empelados de 54 instituciones.
Marcela Costales
“Como gobierno de Pichincha tenemos el fondo de cesantía, con dineros de los funcionarios públicos”, aseguró la viceprefecta Marcela Costales, al resaltar que “la derogatoria es reconocer el derecho constitucional de participar en la administración de nuestros fondos”.
Insistió que en el caso del Gobierno Provincial de Pichincha son más de dos mil los afiliados al fondo de cesantía privado. “Ojalá que esta ley sea derogada, que fue un atentado contra derechos constitucionales, estamos reclamando justicia, no dádivas”, sostuvo.
PV
