En la Comisión de Justicia, Wilson Vallejo, coordinador Jurídico de la Contraloría General del Estado, consideró que es pertinente estudiar la propuesta que indica que para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, no se requiera el informe previo de la Contraloría en la fase de instrucción, sino en la audiencia preparatoria de juicio como fundamento de la acusación fiscal.
En todo caso, dijo que el tema debe merecer una respuesta e informe directo del contralor Pablo Celi.
Vallejo, quien lleva 18 años como funcionario de carrera en la institución, opinó que legal y constitucionalmente no cree que la exigencia de un requisito de procedibilidad del informe de la Contraloría limite la facultad que tiene el Fiscal General para investigar, ya que es el titular de la acción penal y, en el marco de sus competencias, puede ejercer todas las acciones constitucionales y legales del caso.
En cambio, la competencias de la Contraloría están más en el ámbito administrativo. Sin embargo, podemos examinar ciertos temas que sí en determinado momento van a llegar a conocimiento de la Fiscalía y que son importantes que vayan, de alguna manera, auditados y analizados, como el asunto de las declaraciones patrimoniales.
Informes de auditoría
Planteó que la Asamblea debe tomar en cuenta que el término de 180 días para la aprobación de los informes de auditoría gubernamental, de manera general, es insuficiente para la ejecución y aprobación de las acciones de control que realiza este organismo. Aclaró que dicho término no implica caducidad de la facultad determinadora de la Contraloría.
Los parlamentarios Lira Villalva y Luis Fernando Torres coincidieron en lamentar la inasistencia de Pablo Celi. Pidieron que se fije nueva convocatoria, a fin de que profundice el tema del requisito de procedibilidad.
Agenda
Previamente, los comisionados definieron el Plan General de Trabajo 2018, que prioriza el tratamiento del Código de la Niñez, reformas al Código Penal, a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, a la Ley de la Función Legislativa, al Código Civil, al Código de la Democracia y el proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, entre otros.
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