Varias observaciones y aportes se dieron en el inicio del trámite de primer debate del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, las que son analizadas y sistematizadas en la Comisión de Justicia.
Soledad Buendía propone que los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas, ministros de Estado, titulares de las Funciones de Estado, alcaldes y concejales, prefectos y consejeros estén inhabilitados y prohibidos de ocupar cargos directivos en las instituciones del sector público.
Según la propuesta, tampoco podrán contratar con el Estado ni ser miembros de cuerpos colegiados del sector público ni podrán participar en concursos de méritos y oposición para ocupar cargos en la Función Judicial, la Función de Transparencia y Control Social u organismos de control, ni ser parte de ternas para designaciones en el sector público.
Mae Montaño es partidaria de incrementar penas para los delitos de peculado, concusión, cohecho. Además, que las medidas cautelares, las órdenes especiales, la incautación y la prohibición temporal sean de aplicación obligatoria, que se haga extensiva a los cónyuges, convivientes y otras personas con las que mantenga vínculo directo.
También planteó la necesidad de hacer efectiva la extinción de dominio que pretende generar un impacto más profundo en los delincuentes y, de esta manera, frenar los índices de corrupción. Esto extingue el derecho de dominio sobre los bienes adquiridos por actividades ilícitas, todo en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social.
Mónica Alemán pidió eliminar el último inciso del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, que determina que para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, con lo que se facilita la acción de la Fiscalía General.
Mariano Zambrano insistió que las conductas de cohecho activo y pasivo se deberían separar y tratarse en diferentes tipos penales. Asimismo, que se establezca la obligación de las autoridades de las diferentes funciones del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados y otras dependencias creadas por la Constitución, de remitir al patrimonio de las instituciones que representan todas las condecoraciones y obsequios que reciban en actos oficiales y en ejercicio de sus funciones.
MG/pv
