De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside María José Carrión Cevallos, calificó la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, en contra del superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, por incumplimiento de funciones.
Previamente, el organismo verificó que el pedido cumple lo dispuesto en los artículos 131 de la Constitución y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, que cuenta con las firmas de respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, la declaración de que las firmas son auténticas y pertenecen a sus titulares, y que se haya incluido el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará.
En consecuencia, María José Carrión, presidenta de la comisión, dispuso que se notifique al funcionario y a los asambleístas solicitantes, para que en el plazo de quince días, en su orden, ejerza su derecho a la defensa y presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
La titular del organismo indicó que oportunamente señalará día y hora para escuchar los argumentos y las pruebas de cargo por parte de los asambleístas firmantes del pedido de enjuiciamiento.
Igualmente, se establecerá la fecha para que Carlos Ochoa presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Anticipó que, de conformidad con la ley, en el curso de la sustanciación del proceso, solicitará se actúen pruebas de oficio, a fin de establecer si, como se subraya en la acusación, existió arrogación de funciones.
Por la calificación del juicio político y el inicio del período de prueba se pronunciaron los nueve asambleístas presentes.
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