Con 8 votos a favor se aprobó el informe sobre la investigación de casos de abuso sexual en el sistema educativo, que están en conocimiento de la Comisión Ocasional Aampetra, creada para este fin y que tiene hasta agosto de este año para trabajar. En primera instancia se analizaron las recomendaciones para que se incluyan en el informe. Son cuatro los ejes que se manejan: prevención, detección, reparación y alerta temprana para evitar la impunidad.
Patricia Espín, madre de una de las víctimas del Caso CEBI, pidió que se prevea una normativa que ampare a los padres de los menores abusados, porque según explicó, reciben amenazas y tienen temor de que se cumplan. “Ojalá caigan los peces gordos, pero mientras eso sucede necesitamos garantías para saber que nada nos pasará”, recalcó.
Amparo Molina, representante de familiares y víctimas del caso Aampetra, también estuvo durante la jornada de hoy. Para ella, estos siete meses de trabajo empiezan a arrojar los primeros resultados, pues por lo menos en su caso ya existen indicios de responsabilidad, lo que es un gran avance, pues muchas de las puertas que se les cerraron se abrieron de forma obligatoria cuando la Asamblea empezó con la investigación de los casos de abuso. Sin embargo, cree que aún falta mucho por hacer, porque existen nuevas víctimas que esperan por respuestas.
Seguimiento
El legislador Franklin Samaniego, miembro de esta mesa de trabajo, aclaró el seguimiento que se hará a los casos. Además, aseguró que existe un plan de trabajo de las mesas interinstitucionales, pues uno de los problemas era la falta de articulación entre las entidades. Existen plazos cumplidos, por lo que se pedirá la comparecencia de los representantes de las instituciones que encabezan las mesas, para que expliquen lo hecho y lo que falta por hacer.
Se analizó una parte de los casos emblemáticos, pero el análisis global de la comisión supera los 100 casos, según Samaniego, por lo que las mesas técnicas recaban información, porque existe un importante subregistro que no evidencia la problemática real. Esperan tener datos consistentes para saber la ruta que deberán seguir.
Juzgar en ausencia
Uno de los puntos que genera controversia es el que se incluya en el ámbito penal el juzgamiento en ausencia. Se prevé que este tema sea objeto de un amplio debate, pero la idea es que en los casos que tienen que ver con delitos en contra de los menores de edad, se use esta figura. Además, luego de los resultados de la consulta popular del pasado 4 de febrero, entra en vigencia el hecho que los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes, no prescriban nunca.
Existe consenso entre los legisladores en que es necesario profundizar en el tema de la socialización con campañas comunicacionales masivas y urgentes. Además hay preocupación en lo que tiene que ver con prevención.
Campañas y control
Amapola Naranjo hizo notar que se manejan cifras alarmantes sobre abuso sexual dentro de los hogares, por lo que se sugirió que los gobiernos autónomos descentralizados tengan un presupuesto para campañas de educación para las familias. Lourdes Cuesta insistió en la necesidad de crear un catastro para que los involucrados en casos de abuso a menores no se acerquen jamás a un centro educativo. En este sentido, Franklin Samaniego aseguró que se analiza la muerte civil para quienes cometan delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.
El legislador Héctor Muñoz enfatizó en la necesidad de ser más rigurosos en migración, cuando entran extranjeros al país. Para él, es necesario que se pidan los antecedentes penales de todos quienes entran y si están relacionados con casos de abuso sexual debe haber un seguimiento de la persona para saber dónde y hasta cuándo permanecerá en el país.
MC/pv
