A las 11h15 de hoy, Carlos Ochoa, superintendente de la Comunicación e Información, presentó sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, como parte del proceso de solicitud de juicio político, presentado por varios asambleístas. “No hay peor ciego que aquel que no quiere ver”, dijo Ochoa y aseguró que en las sociedades contemporáneas, la regulación, no la censura, son parte del Estado de Control y Protección Social.
Durante su intervención, Ochoa hizo un análisis de los resultados desde la vigencia de la Ley de Comunicación en el país. Aseguró que lo que se hizo fue ofrecerle al país una mirada nueva sobre el sentido de la regulación. Luego pidió que se exhiba un video en el que se muestran programas de comedia nacional, en donde se evidencian referencias despectivas al color de la piel. El superintendente insistió en que el que se determinen normas, restricciones y a veces sugerencias es una necesidad.
Algunos casos
Ochoa argumentó que no se trata solo de hacer las leyes. Dijo que lo vital es garantizar que por primera vez en este país se cumplan. Ahí rememoró las declaraciones del actor Andrés Pelaccini, cuando dijo que si fuera Presidente ordenaría que se despidieran a las empleadas domésticas cuando se quiera sin ninguna indemnización, porque el sueldo que se les paga viene de las personas que viven en la casa. “No se trata de una empresa, sino de un hogar”, dijo el actor. Esto desembocó en la denuncia por parte de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar.
Opiniones desde la Asamblea
Después de la primera hora de intervención de Carlos Ochoa, los legisladores Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, que son dos de los que hicieron la solicitud de juicio político, aseguraron que esperaban la presentación de las pruebas de descargo. Sin embargo, hasta ese momento, según ellos, no lo había hecho.
“Este es un juicio político donde debía presentar pruebas de descargo con respecto a los casos que alentaron el pedido de juicio, pero aún no dice el por qué usó fondos públicos en el caso de Gama Tv o cuáles son los argumentos para defenderse sobre la adulteración de la ley. Tampoco dice nada del uso discrecional o abuso de poder”, dijo Cuesta.
Para la legisladora, las cartas están lanzadas para Ochoa, pues explicó que no existe motivo para que no sea destituido y sancionado. “Todos los presentes, incluso el personal de la Supercom, que en lugar de estar en sus puestos de trabajo está aquí apoyándolo, pueden verificar que no presentó una sola prueba de descargo”, enfatizó Cuesta.
Pedidos de Ochoa
Carlos Ochoa aseguró que confía en que su presentación jurídica les permitirá a todos conocer la verdad de los hechos. Por ello, dijo que espera que no exista la necesidad de llegar hasta el Pleno de la Asamblea Nacional. Aseguró que solicitó como parte de su defensa a la Contraloría, que presente la partida presupuestaria donde se menciona el cargo de Director Nacional de Noticias de Gama Tv, como parte de los empleados públicos. Sin embargo, dijo que no se hizo.
También dijo que pidió al Ministerio de Finanzas que señale el monto entregado del Presupuesto Nacional del Estado a Gama Tv y explicó que hay varios pronunciamientos legales que evidencian el carácter privado de Gama Tv. “Mi contrato estuvo registrado ante el Ministerio de Trabajo y mi acta de finiquito igual. Además, en el supuesto de que el canal hubiera sido público, mi posición era la de Director Nacional de Noticias y quien responde al manejo de los fondos es el Gerente General y el Administrativo”.
Además, explicó que no tiene temor de sus actuaciones. Por ello no piensa renunciar, pues sus actividades las regulaba el Ministerio del Trabajo y puntualmente se cancelaron los impuestos que generaban sus ingresos.
Algunas cifras
Fabricio Villamar cree que el Superintendente prefirió analizar la vigencia de la Ley de Comunicación y no hacer uso de su derecho a presentar pruebas de descargo. La Comisión de Fiscalización tendrá que deliberar si existen las pruebas necesarias. Luego elaborará un informe para solicitarle al Presidente de la Asamblea que el caso pase al Pleno de la Asamblea.
Según Ochoa, la Superintendencia marcó hitos importantes como la reducción de contenidos no aptos para el horario familiar en 95 %, de contenidos violentos 54 %, la extensión de tiempo permitido para publicidad 85 %, pedidos ciudadanos sin intervención de la superintendencia 856 réplicas y 122 rectificaciones. Aseguró que antes se limitaba la producción artística nacional y ahora se adopta el uno por uno. Además, hizo ver que se reconocen los derechos de los comunicadores, así como la clasificación de audiencias y franjas horarias para la protección de los grupos de atención prioritaria.
Hoy terminaron los 15 días de sustanciación del proceso, luego hay cinco días para preparar el informe que se presentará el próximo miércoles.
MC/pv
