La asambleísta Karina Arteaga resaltó el pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional que deja sin efecto el artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral, en razón de que a partir de abril, los más de 17 mil trabajadores del sector privado podrán recibir sus utilidades correspondientes al 2017, sin límite. Aclaró que este beneficio no tiene el carácter retroactivo.
Enfatizó que esa es una de las acciones más concretas de este nuevo período de la Asamblea Nacional, con frutos que se desprenden de la resolución aprobada por el Pleno, que instó a que de manera urgente y prioritaria la Corte se pronuncie por la constitucionalidad o no de las demandas que se habían interpuesto sobre el mencionado artículo.
Arteaga dijo que “constituyó una gran noticia llena de satisfacción, tanto para la clase trabajadora del sector privado, cuanto para ella misma, en calidad de asambleísta, el dictamen de la Corte de declarar inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral, ya que es una respuesta a esa lucha que por largo tiempo han mantenido las personas de diferentes gremios y empresas privadas del Ecuador, quienes pusieron varias demandas a este organismo” y que hoy, por efecto de la resolución aprobada el pasado viernes en el Pleno de la Asamblea, hay una respuesta favorable.
La parlamentaria recordó que el artículo 328 de la Constitución establece claramente que se dará techo a las utilidades a esas empresas de explotación de recursos no renovables, pero nunca se determinó que esta disposición rija para todas las empresas del sector privado. Por ello, con la aplicación de la Ley de Justicia Laboral se causó mal sabor a muchos trabajadores. Preocupados por esto es que el Pleno, con 89 votos, pidió que la Corte Constitucional se pronuncie.
Karina Arteaga también se refirió a la resolución de la Corte Constitucional por la cual el Estado volverá a aportar con el 40% de las pensiones jubilares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual permitirá fortalecer, de alguna manera, a esta institución.
Subrayó la necesidad de revisar temas pendientes, como por ejemplo los estudios actuariales del IESS para que el país conozca cuál es la realidad del seguro social. Según Wilson Rodas, presidente del Consejo Directivo del ente asegurador, la Superintendencia de Bancos debe levantar el sigilo.
Además, la asambleísta indicó que en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se estudia el incremento a 100 dólares la renta jubilar para el sector campesino y para el informe para segundo debate se solicitó al IESS los estudios actuariales. Adelantó que en un informe preliminar el Directorio del Seguro Social informa que la institución tiene recursos para cubrir ese incremento por 14 años, pero más allá de este particular, la ciudadanía desea conocer qué pasa en el Instituto, ya que todos somos parte de él.
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