El Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes busca mejorar el Sistema de Protección Integral para este sector, a través de una propuesta legislativa. Para escuchar criterios desde diferentes ámbitos invitó a representantes de organizaciones sociales, instituciones del Estado y organismos internacionales.
Los panelistas coincidieron en que la garantía de los derechos de los niños requiere de una especificidad. Para lograr una protección integral es necesaria la participación coordinada de todos los actores e intituciones que trabajan esta temática.
La mesa de discusión se diseñó en dos fases. Primero se abordó la situación en la que se encuentra el Sistema de Protección y luego se planteó algunos desafíos. Para Franklin Samaniego, coordinador del Grupo Parlamentario, lo que se pretende es que el país cuente con un Sistema que dé respuesta inmediata a la vulneración de derechos.
Un primer desafío es la vigilancia de que la Ley se cumpla, según algunos exponentes, entre ellos Nicolás Espejo, representante de las Naciones Unidas. Pero, no solo eso, la aplicación con la política pública ayudará a transformar patrones culturales que contribuyan a cambiar realidades, como la violencia corporal y sexual, en la niñez.
El experto internacional considera que la normativa debe propiciar una respuesta que evite la impunidad y que se debe crear un proyecto educativo que genere una cultura de autocuidado de los niños.
Rocío Rosero, viceministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) habló sobre el rediseño de la institucionalidad. Para ello se debe construir un Código de la Niñez, con la participación de todos. Este, según ella, debe partir del marco constitucional, conceptualizándolo como una reforma integral y que sirva para crear un nuevo Sistema de Protección Integral.
Desde este mismo Ministerio, Fernando Sánchez, visibilizó la insuficiente capacidad instalada para la defensa de los Derechos de los Niños. Señaló que, de 1.985 centros de salud, solo 564 cuentan con servicios de psicología y, de 25 mil unidades educativas, solo 1.768 cuentan con departamentos de consejería estudiantil. Entonces, la normativa debe contribuir a generar las condiciones que vuelvan efectivos los derechos de los infantes.
La descentralización de la protección es uno de los problemas que encontró, Nicolás Reyes, del Consejo Nacional Intergeneracional, por lo que se debe fortalecer la atención hacia el territorio.
Precisamente, Brenda Pazos, del Consejo Cantonal de Palora, provincia de Morona Santiago, dijo que no pueden cumplir con sus funciones porque tienen muchos inconvenientes como falta de presupuesto, equipos, capacitación e infraestructura.
Para seguir analizando esta iniciativa y concretar la propuesta legal se conformó un equipo técnico, que definirá una hoja de ruta.
LILA
