El juicio político apunta a todo el Consejo de la Judicatura, es decir, vocales principales y suplentes. Consideran que la responsabilidad del nombramiento de autoridades de justicia, que irrespetaron los procesos, es de todos.
Esta mañana, legisladores del Partido Social Cristiano, Bancada de Integración Nacional, CREO y algunos asambleístas de Alianza PAIS, presentaron el pedido de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura. El argumento es incumplimiento de funciones, pues consideran que existen pruebas suficientes en contra de esta instancia.
Esteban Bernal aseguró que a las 40 pruebas que presentaron en septiembre del año pasado, cuando se presentó un primer pedido de juicio político, se suman cuatro más. Está el informe de la Contraloría General del Estado, presentado al país el pasado 6 de abril, que se refiere a que el Consejo de la Judicatura habría determinado nombramientos a agentes fiscales con puntaje menor, sobre los que obtuvieron mejores resultados.
Se adhiere el acto urgente presentado por la Fiscalía General del Estado en contra del Presidente del Consejo de la Judicatura por presunto tráfico de influencias. También consta el informe y expediente presentado por la Comisión Anticorrupción ante el Consejo de Participación Ciudadana, respecto a la mala procedencia de los nombramientos de fiscales provinciales. Según Esteban Bernal, entre estos consta el de la fiscal subrogante Thania Moreno, quien habría obtenido un puntaje inferior de acuerdo a las determinaciones de los concursos.
Más pruebas
Además, se habla de la aplicación de un error inexcusable en contra de un funcionario administrativo en Imbabura, lo que para Bernal es una violación evidente de la ley. “Ahora más que nunca necesitamos una justicia independiente que debió habernos dado respuestas”, dijo Bernal.
Esta vez son 60 las firmas de respaldo que, para el legislador Raúl Tello, avalan el pedido. “No podemos estar en manos de quienes construyeron una estructura de impunidad, pues cooptaron todas las instituciones del Estado, especialmente las que tienen que ver con el poder judicial”, aseguró Tello. Para el legislador, el informe de Contraloría, respecto al concurso de merecimientos, es determinante para saber cómo se violentó la ley en la nominación de jueces y fiscales en Ecuador.
Tello insistió en que es necesario que la Asamblea se pronuncie. No es posible estar en manos de una justicia que desde un principio empezó con irregularidades en el nombramiento de autoridades, concluyó.
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