La construcción del informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Educación Superior, a cargo de la mesa de Educación, se trasladó a la Sede Legislativa, después de que trabajó el miércoles y jueves en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica. En un taller, el equipo de asesores revisa las diversas propuestas para darle forma al articulado.
“Tenemos un desafío: presentar en la primera semana de mayo el correspondiente informe”, dijo la asambleísta Silvia Salgado, al enfatizar que falta ajustar lo referente a los sistemas de admisión y becas.
Las becas antes eran manejadas por el Iece, luego pasó al Banco del Pacífico y Senescyt (de acuerdo a sus competencias). El momento es propicio para evaluar la aplicación del sistema, su funcionamiento, verificar quiénes acceden a esos créditos, cómo se beneficia el país, dónde está este talento humano que recibe una inversión por parte del Estado, cómo están devengando la beca, qué pasa con los beneficiaros que se quedan en otro país, argumentó Salgado.
Para la asambleísta es fundamental garantizar que este tipo de ayuda económica, ya sea como beca o crédito, para que llegue a la mayor parte de gente, bajo la política de meritocracia. Otro aspecto a atender es la condición económica de ciertos jóvenes estudiantes.
Así mismo, dentro del sistema de admisión está en debate si es necesario o no el examen. “Tenemos la posibilidad de articular la prueba como la expresión de la calidad, como la herramienta que la garantiza”, aseguró.
Para la comisión, ampliar el acceso de bachilleres es el gran objetivo, considerando la meritocracia sin que esta excluya y expulse del sistema a los que menos tienen.
La expectativa de la juventud cambió. Antes, dos de cada 10 estudiantes querían ir a la universidad. Hoy, el número ascendió a ocho, la demanda está en generar un esquema para tal efecto.
El del gobierno de las universidades es otro punto focal, tomando en cuenta que los estudiantes demandan mayor presencia en estas instancias.
Finalmente, Silvia Salgado reiteró que existe consenso entre la comisión y la comunidad universitaria, en un 80 % de la propuesta, especialmente en la materia de evaluación, categorización, formación técnica y tecnológica.
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