El presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites subrayó que la propuesta legal genera amplios beneficios para la ciudadanía, fundamentado en el principio de que los trámites se deben gestionar de forma eficiente y en el menor tiempo posible.
Además, dijo que por regla general se debe aplicar el control posterior, el intercambio obligatorio de información entre las entidades estatales y que la información presentada por las personas se presuma verdadera.
Beneficios
Muñoz indicó que existen al menos 12 beneficios para la ciudadanía, entre ellos, que las personas tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de su trámite; solo se pueden crear nuevos trámites por ley, decreto u ordenanza.
Todos los trámites, requisitos y procedimientos deben estar publicados en las páginas web institucionales. Será el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información el encargado de atender denuncias ciudadanas, regular y controlar el cumplimiento de la ley.
Se crea el sistema de compensación entre obligaciones tributarias de contratistas del Estado, con rubros adeudados por la Administración Pública Central. Se instituye una plataforma de pagos por medios electrónicos, se dispone la existencia de mecanismos de calificación del servicio. Las entidades deben utilizar la información que consta en el Sistema Nacional de Datos Públicos, por tanto, no pueden requerirla a los usuarios.
Así mismo, las entidades deben justificar la existencia de sus trámites en el plazo de 180 días, caso contrario se suprimen. En proyectos inmobiliarios se garantiza el cumplimiento solo de los requisitos vigentes al momento de solicitar la aprobación de planos.
Igualmente, se otorga un plazo perentorio para que los gobiernos autónomos descentralizados se pronuncien sobre solicitudes pendientes en proyectos inmobiliarios; y, se simplifican los trámites para la disolución y liquidación de compañías, según causales.
Prohibiciones
Pabel Muñoz indicó que la propuesta legal determina prohibiciones a las entidades, entre ellas: no pueden requerir originales o copias simples ni notarizadas de títulos de bachiller o de títulos de educación superior que consten en las plataformas del Ministerio de Educación o de Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), respectivamente.
Las instituciones no pueden inadmitir las traducciones de documentos en idioma extranjero efectuadas por uno o más intérpretes, siempre que la firma se encuentre autenticada o reconocida ante un juez de lo civil.
Tampoco pueden exigir el cumplimiento de requisitos y procedimientos que no estaban vigentes cuando se inició la gestión del trámite respectivo, ni tampoco la entrega de datos o documentos entregados con anterioridad o generados por la misma entidad, así como exigir la presencia física de la personas para brindarle información sobre cualquier trámite a su cargo.
El parlamentario mencionó que, a mayo de 2017, el total de trámites en el Ejecutivo fue de 1.934 y, en promedio, los requisitos por trámite son 9.34. El porcentaje de trámites que se atienden entre 0 a 4 horas es del 20.68 %, y el promedio de funcionarios por trámite es de 7.35.
Finalmente, Pabel Muñoz precisó que la simplificación de trámites merece una regulación que sea inteligente y, fundamentalmente, que ataque la tramitología.
JLVN
