El proyecto que busca brindar mayores oportunidades para el acceso a la educación superior, fortalecer la calidad del servicio y su vinculación con la sociedad, entre otros beneficios, se debatirá mañana, martes 15 de mayo, en el Pleno.
Para el efecto, Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, convocó a la sesión 516, para las 10:00. En ella se iniciará el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes).
El cuerpo legal unifica 28 propuestas y, según la presidenta en funciones de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, se reforma alrededor del 60% de la normativa. Además, es parte de las prioridades de la Agenda consensuada con los representantes de las distintas bancadas legislativas.
Sobre el acceso al sistema educativo superior, aclaró que éste no tiene capacidad de receptar al 100% de la demanda y que la Asamblea tiene algunas restricciones, una de ellas es que no puede comprometer recursos.
No obstante, con el proyecto se busca generar más acceso y oferta, sin menoscabar la calidad. La norma establece que debe haber una evaluación, pero que no sea la única condición para el acceso.
En este ámbito se prevén otros criterios como la condición socioeconómica, acciones afirmativas para pueblos y nacionalidades, sistema de becas, así como la la trayectoria académica del estudiante.
Las oportunidades se amplían, además, con el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. En estas entidades los alumnos tendrán la posibilidad de obtener tecnologías de tercer nivel, especializaciones técnicas e incluso prepararse para maestrías.
“No se trata de equiparar a la licenciatura. Existe una permeabilidad que siendo tecnológico pueda ir a la universidad a sacar una licenciatura”, aclaró Salgado.
Con la reforma también se pretende que las universidades se vinculen con el país, “que sean parte de ese desarrollo, de la salida y respuestas a los problemas”, dijo Salgado. El proyecto hace hincapié en su relación con el sector productivo. El sistema de contratación pública debe incorporar mecanismos que otorguen ventajas a las instituciones de educación superior.
Así mismo, pretende generar mecanismos de aseguramiento de la calidad con trámites simplificados, ágiles y especializados, que se enfoquen en buscar lo mejor de la institución, sobre la base de sus capacidades.
Para ello, se determina un sistema de evaluación de la calidad integral y diferenciado en sus etapas y alcances, mejorar el sistema de acreditación y aseguramiento de la calidad, mejorar el enfoque de las evaluaciones de resultados de aprendizaje y condiciones de los evaluadores.
En cuanto a la autonomía, se enfatiza en el financiamiento de las instituciones de educación superior públicas, así como el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las entidades privadas, con el objetivo de garantizar recursos constantes, permanentes y suficientes.
Construcción colectiva
Después del primer debate que se desarrolló durante dos días en septiembre y uno el octubre de 2017, la Comisión de Educación recibió 52 observaciones de varios actores involucrados en el tema y de asambleístas. En las sesiones participaron representantes la comunidad educativa superior y ciudadanía.
Además, se desarrollaron 7 talleres, con la participación de alrededor de 50 universidades y escuelas politécnicas, así como de 25 Institutos Técnicos y Tecnológicos. También representantes de entidades estatales que tienen que ver con el tema.
LILA/eg
