La reforma a la Ley de Educación Superior (LOES) que se discute en segundo debate, beneficiará a las universidades y, por ende, a los estudiantes, quienes podrán estudiar la profesión que hayan escogido, según el criterio de actores de este sistema de formación, que asistieron a la Asamblea Nacional para seguir de cerca el trámite de este proyecto.
Para Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de las Américas -UDLA-, desde el inicio fue un proyecto consultado y socializado en los diversos centros superiores; desde el inicio se dieron debates que permitieron llegar a consensos en la Asamblea, por tanto, recoge la mayoría de las aspiraciones de las universidades del país.
“Esta ley subsana los problemas que tenía la comunidad universitaria debido a problemas con el gobierno debido a la interferencia en su autonomía y en la creación de carreras. Esta ley nos permite enfocar nuestro trabajo en los objetivos nacionales y abrirnos a nuevos proyectos, porque durante 10 años las universidades estuvimos atrincheradas defendiéndonos del acecho gubernamental permanente y no pudimos producir lo que el país necesitaba”, afirmó.
Mientras, a juicio de Carlos Eugenio, rector del Instituto Superior Técnico Cotopaxi, este proyecto fortalece tecnológicamente a los institutos técnicos y contiene avances sustanciales para los estudiantes al permitirles que tengan continuidad en sus estudios.
Los centros tecnológicos se convierten en un subsistema que va a apuntalar a las universidades y a desconcentrar los centros superiores de educación. Destacó que la figura de cogobierno brinda una mayor apertura a los estudiantes, los cuales tendrán voz y voto.
Sobre el Instituto que dirige, Eugenio indicó que tienen alrededor de 1400 alumnos y crecen a razón de un 25% anual, en lo referente a la formación técnica y tecnológica. Y todos estos cambios, que eran necesarios y urgentes, darán una mayor proyección a los títulos que otorgan estos centros.
Este proyecto fortalecerá la investigación de los centros de educación superior, permitirá una mejora sustancial en los presupuestos, garantiza la gratuidad de la educación y optimiza la institucionalidad de los centros superiores a nivel nacional, así como los recursos económicos para las universidades públicas.
También, incorpora el principio de calidad como garantía de la mejora continua de las entidades de educación superior y establece ventajas en el sistema de contratación pública a fin de permitir el acceso de las universidades a la provisión de productos y servicios.
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