Más de 30 partícipes de 19 Fondos Complementarios Previsionales Cerrados acudieron hasta la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional para presentar su respaldo al proyecto de reformas a la Ley para la Administración de los Fondos Previsionales Cerrados, por el cual se plantea restituir el manejo de los recursos a sus partícipes, es decir sus dueños. La propuesta se tramita en este órgano legislativo para la elaboración del informe previo al primer debate.
Como se recuerda, el 25 de septiembre de 2014, la Asamblea aprobó las reformas para que los 54 de los 61 fondos previsionales que existen en el país, sean manejados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS. Hoy, los argumentos son que existen inadecuadas políticas de inversiones; falta de información de las cuentas individuales; eliminación de la estructura de participación y buen gobierno, por lo que coincidieron que la propuesta sea aprobada lo antes posible.
Norma Quisphe del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano-FCME, manifestó que existen 20 razones para que se apruebe este proyecto de Ley que busca reparar un acto de arbitrariedad. Explicó que por muchos años más 240 mil trabajadores de diversas dependencias del sector público ahorraron para obtener una mejor cesantía y una jubilación adicional, aportando de su salario un ahorro privado cuyo patrimonio de los 57 fondos complementarios era de un mil 200 millones de dólares y hoy no supera los 900 millones, es decir, existe una descapitalización de los fondos.
También hubo criterios contrarios. Roberth Andrade, gerente y Luis Delgado, de este mismo fondo, dijeron que si bien el proyecto tiene un espíritu bueno, no cumple la finalidad. Desvirtuaron que el fondo esté en falencia, sostuvieron que la mejor rentabilidad del fondo ha sido ahora con 9.29 % pagado a inicios de este año, a diferencia de la mejor rentabilidad que pagó la anterior administración, que fue del 7 %. Y también que no se ha violado la participación, porque existen sesiones ordinarias y extraordinarias, mes a mes, en las cuales se hacen rendiciones de cuentas y se evalúa. Existen más de 75 mil partícipes activos, que dan cuenta que la confianza ha crecido.
Respaldo mayoritario
César Sandoval de la Asociación de Trabajadores de Petroproducción-ASOPREP, subrayó que no existen adecuadas políticas de inversiones por parte del BIESS. No cuenta con documentación suficiente de respaldo de sus ahorros y no se han cumplido con los procedimientos establecidos.
De igual forma, Patricio Quintero, de la misma Asociación, precisó que la intervención del BIESS ha permitido tener claro ciertos procedimientos, pero considera que los fondos deben regresar a sus verdaderos dueños. Dijo que el 15 % de sus recursos se vieron afectados, lo cual menoscabó la posibilidad de mejora de aquellos que invirtieron.
Asimismo, sobre el cese de funciones de los representantes a la Asamblea General de Partícipes y de los delegados del BIESS que fueron como representantes de cada uno de los fondos complementarios, al momento de entrar en vigencia la Ley, deberán convocar a Asamblea General de Partícipes, que tendrá la atribución necesaria de cesar en funciones al gerente delegado del BIESS y elegir en esta misma Asamblea a un representante legal interino, el cual estará en su cargo por un plazo de seis meses y tendrá la obligación de convocar a elecciones de representantes.
Cristhian Naranjo Saavedra, de los afiliados de las Fuerzas Armadas, coincidió en que el proyecto recoge el sentir de los legítimos propietarios de los fondos para que tengan el control. No está de acuerdo con la forma en que se haría el traspaso, porque no se puede restablecer el directorio que fue cuestionado.
José Chusin, del Distrito Mertropolitano de Quito y sus empresas, pidió se tome la decisión en defensa de los dueños. La ley fue impuesta, ilegal e inconstitucionalmente. Se violentó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la autonomía de la administración de sus fondos. Planteó que la Asamblea restituya los derechos individuales y colectivos de los 57 fondos.
Jorge Molina Villacís, dirigente del Comité de Empresa de EP PETROECUADOR – CETRAPEP, quien también participó como Asambleísta por un Día, indicó que el proyecto les da luces y visos de esperanzas para que sus partícipes puedan manejar sus dineros. Pidió que se los direccione para decidir por el mejor destino de sus dineros, al agregar que cada fondo es diferente.
Entre tanto, Xavier Casares Tamayo, del Municipio de Quito, propuso que en una especie de transitoria se llame a elecciones para que se haga una implementación de un Consejo de Administración y se devuelvan sus fondos.
El organismo legislativo recibió criterios de más de 30 partícipes, entre ellos, de los Fondos del Magisterio; Asociación de Trabajadores de Petroecuador y Petroproducción; Universidad Central del Ecuador; Fuerzas Armadas; Distrito Metropolitano; Emaseo; jubilados de Petroindustrial; Comité de Empresa de EP PETROECUADOR – CETRAPEP; Trabajadores de Oleoducto – ASOPREOL; Contraloría General del Estado; Comisión Nacional de Tránsito; Comisión de Tránsito del Guayas; Ministerio de Justicia; Funcionarios Judiciales; Consejo Provincial de Pichincha; Asociación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Quito; Municipio de Quito.
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