En una moneda de dos caras se convirtió el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos. En la Comisión de Régimen Económico, los asambleístas defendieron la propuesta de que las provincias en donde se industrialice hidrocarburos participen de las rentas que recibe el Estado, mientras que desde el gobierno creen que no sería viable.
El debate fue intenso por parte de los legisladores, después de escuchar a los ministros de Finanzas, Richard Martínez y de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Los funcionarios fueron convocados para que expresen los criterios sobre las reformas que presentó la asambleísta por Esmeraldas, Rina Campain.
Los ministros explicaron que el Estado no tiene rentas por la industrialización de hidrocarburos, sino que, más bien, tienen un subsidio, por lo que la norma no podría operar. Para Martínez, incluso si se llegaría a aprobar, generaría un desequilibrio en el modelo de equidad territorial.
Desde el Ministerio de Hidrocarburos, en cambio, se explicó que, según la Ley de Hidrocarburos el almacenamiento, distribución y venta de derivados constituyen un servicio público, por lo que el Estado no piensa en una renta, sino en satisfacer un servicio público. Además, indicó que desde el 2010 al 2017 se invirtió cerca de 37 millones de dólares en subsidios.
Sin embargo, se refrió a los programas de compensación social que desarrollan en las provincias donde existen las refinerías. En Esmeraldas dijo que se invirtieron 133 millones de dólares y más de 37 millones para la regeneración de Las Palmas, mientras que en Sucumbíos de destinaron más de dos millones de dólares y en Santa Elena más de tres millones. En trabajos directos dijo que se generaron más de 1.200.
Estas aclaraciones no convencieron a los legisladores. Ellos están convencidos que sus provincias deben recibir de manera permanente una renta, por los costos sociales, ambientales y de salud que enfrenta la población, producto de esta actividad, así como por la riqueza que generan.
Rina Campain defendió su propuesta desde el ámbito constitucional, legal, económico y social. Habló de pobreza, bajos índices de educación, deficiencias en salud, fuentes de empleo, producción, seguridad y otros problemas.
Es el momento de corregir una deuda histórica, cuando se trata de beneficiar a las provincias pequeñas siempre hay peros. Hay que buscar respuestas para que no haya más “Guachos” , subrayó Lenin Plaza. Con estas apreciaciones y argumentos coincidieron Línder Alrafuya, viceprefecto de Esmeraldas, y Lenin Lara, alcalde del cantón Esmeraldas. Es un tema de justicia, dijo este último, tras respaldar la propuesta.
Frente a estas posiciones, el presidente de la Comisión, Pabel Muñoz, dejó tres cosas claras: no archivarán la propuesta, establecerán una comisión técnica para encontrar alternativas y, precisamente, verán caminos viables. Los ministros mostraron su disposición de conformar dichas mesas.
LILA/pv
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