En rueda de prensa, los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado rechazaron los comentarios de ciertos actores políticos en contra de algunas disposiciones del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, que está en manos del Ejecutivo para su sanción u objeción.
Marcela Aguiñaga, presidenta de la mesa, acompañada de Encarnación Duchi, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Luis Fernando Torres, Henry Cucalón y Franklin Samaniego, vicepresidente, expresó que la comisión se ha destacado por un trabajo responsable, técnico y jurídico, en el que sus miembros priorizan los intereses del país antes que las posiciones ideológicas.
Sostuvo que la reforma al artículo 370 del Código Penal, constante en la Ley de Lucha contra la Corrupción, permitirá juzgar de una manera más amplia y efectiva el delito de asociación ilícita, sin dedicatoria alguna, además que establece el comiso anticipado de bienes de corruptos y lavadores antes que exista sentencia y dispone que la Fiscalía pueda avanzar en los procesos de investigación de delitos de peculado, cohecho, concusión, testaferrismo sin necesidad de informe previo de la Contraloría, que sí se requerirá al momento de iniciar el juicio.
Insistió que la ley contiene figuras innovadoras como el comiso en ausencia sobre aquellos bienes malhabidos en caso que una personas esté prófuga de la justicia, también el comiso a terceros cuando se usan testaferros para esconder bienes de origen ilícito. Recordó que la propuesta de cambio en el tipo penal del artículo 370 sobre la tipificación del delito de asociación ilícita es de autoría de Ernesto Pamiño, exDefensor Público, misma que se acogió parcialmente y la pena privativa de libertad se mantiene de 3 a 5 años.
La declaración de César Montúfar no se ajusta a la realidad de los hechos, es decabellada y trata de desligitimar la gestión del organismo. La reforma no favorece, ni intenta dejar en libertad a Jorge Glas, afirmó, al mencionar que, incluso, al exmandatario le pusieron una sentencia un función del Código Penal anterior, cuya pena es de 6 años de prisión, por tanto, es decabellado decir que el principio de favorabilidad cabría en un recurso de casación y muestra desconocimiento de la materia penal del país.
Los comisionados manifestaron que la mesa construye normas legislativas que permitan mejorar el servicio y el acceso de la ciudadana a la administración de justicia, de protección de la vida de la población en las vías del país y para garantizar seguridad ante la ola delicuencial, a través reformas a las leyes de la Función Judicial, al Coip en materia de tránsito y de Seguridad Ciudadana.
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