La Comisión de Biodiversidad prepara el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, orientada a generar acciones que vinculen un desarrollo socioeconómico con base a la protección de la naturaleza, la participación ciudadana y el control social.
La propuesta se construyó con la participación de diversos actores, en mesas de diálogo en todas las islas de la provincia. Dieron sus aportes 118 organizaciones: 24 de la Isla Isabela, 37 de San Cristóbal y 57 de Santa Cruz. El proyecto lo presentó la legisladora Brenda Flor.
La Comisión de Biodiversidad para el primer debate escuchó a representantes del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Ministerio de Ambiente, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, así como a ciudadanos galapagueños. Para estructurar el informe para segundo debate los comisionados convocarán a diferentes autoridades y ciudadanía del sector.
El proyecto está orientado a la defensa y vigilancia de las áreas protegidas de Galápagos, derecho al acceso preferente para los residentes permanentes en la contratación laboral en las entidades del sector público y privado y pone una mirada en cuanto al régimen migratorio, inversión y políticas públicas especiales para la provincia.
A través del proyecto se consolida las atribuciones del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos que deberá coordinar con Fuerzas Armadas y Policía Nacional el resguardo y defensa de la soberanía y la integridad territorial insular y lo que corresponde al mar territorial. Se fortalece al Parque Nacional Galápagos como la entidad responsable de la administración y manejo de las áreas naturales protegidas, en cuyas zonas ejercerá jurisdicción y competencia sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades que en dichas áreas se realice.
Se clarifican las competencias de la Unidad Administrativa Desconcentrada responsable de la bioseguridad de Galápagos, como entidad responsable de regular y controlar la bioseguridad en las zonas urbanas y rurales para proteger el ecosistema, la salud humana, las actividades agropecuarias de la provincia.
Manduriacu
La Comisión de Biodiversidad fiscalizará los efectos causados por el desalojo de millones de metros cúbicos, sin control, de sedimentos de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, lo cual provoca contaminación en los ríos Blanco, Esmeraldas y Guayllabamba, que causa la muerte de miles de especies bioacuáticas, como peces y crustáceos.
Minería
Los vocales de la Comisión de Biodiversidad continuarán con el análisis sobre los problemas de contaminación provocada por la actividad minera, a fin de adoptar acciones urgentes para mitigar sus efectos.
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