Dos nuevas propuestas de reformas a la Ley de Discapacidades fueron conocidas en la Comisión del Derecho a la Salud. Estas serán analizadas dentro del tratamiento de la temática previa a la elabor ación del informe para segundo debate. Los asambleístas Fernando Flores y Marcela Holguín presentaron los alcances y coincidieron que las mismas amplían derechos para este sector.
La propuesta de Fernando Flores fomenta la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos de interés público. Para ello, el Estado determinará planes, programas y proyectos, así como medidas necesarias para garantizar su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
Flores cree que la adquisición local de vehículos destinados al uso o beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad, solicitada por personas naturales o jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad, gocen de exenciones del pago del IVA e ICE. Esta medida se aplicará en los casos referentes a la importación y compra de vehículos ortopédicos, adaptados y no ortopédicos descritos en la Ley Orgánica de Discapacidades. Argumentó que en la actualidad se lo adquiere de forma artesanal, que implica inseguridad y además su costo es demasiado alto.
En el transporte personal hasta por una base imponible, equivalente a cien salarios básicos unificados del trabajador. Esto aproximadamente representa 39.400 dólares, explicó el legislador. En transporte colectivo hasta por una base imponible, equivalente a 160 salarios básicos unificados, que significa alrededor de 62 mil dólares.
Las personas con discapacidad y personas jurídicas beneficiarias de este derecho podrán realizar la adquisición local del vehículo para transporte personal o colectivo por una sola vez cada cinco años. “Lo que se pretende con esta norma es que las personas con discapacidad tengan una movilidad segura dentro del país y una herramienta de trabajo que les permita mantener a su familias” expresó Flores.
Trato preferencial
Por su lado la asambleísta Marcela Holguín, consideró que la Autoridad educativa nacional en el marco de sus competencias creará en cada distrito instituciones educativas especiales para personas con discapacidad severa.
Propone también que las personas con discapacidad y un acompañante, paguen una tarifa preferencial del 50% de la tarifa regular en los servicios de transporte terrestre público y comercial, urbano, parroquial o interprovincial; así como en los servicios de transporte aéreo nacional, fluvial, marítimo y ferroviario. Prohíbe recargo alguno en la tarifa de transporte por concepto del acarreo de sillas de ruedas andaderas, animales adiestrados y otras ayudas técnica que requieran las personas con discapacidad.
Plantea incluir una disposición sobre el derecho a la vida digna. Holguín dijo que de esta manera se aseguran que las personas con discapacidad tengan acceso a cuidado y protección de sus familiares. Únicamente en caso de no existir consensos entre los obligados, el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, dispondrá su custodia y regulará las visitas y evidentemente se respetará la opinión de la persona que tiene discapacidad, explicó la legisladora.
Finalemente, que las personas con discapacidad y un acompañante tendrán una exoneración del 50% en las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos. Así como el acceso gratuito a los museos.
RSA/ea
Más fotografías:
