La Comisión de Gobiernos Autónomos, con nueve votos a favor, aprobó el Informe de Fiscalización de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las provincias de Esmeraldas y Manabí, afectadas por el terremoto de 2016, que describe las fuentes de financiamiento, asignaciones, monto de la Ley de Solidaridad, incumplimiento de informes trimestrales a la Asamblea Nacional y sus responsables.
El informe de la mesa legislativa concluye que “se asignaron USD 2.964,95 millones para los esfuerzos de reconstrucción, tras el terremoto del 16 de abril de 2016”. La utilización eficaz de estos recursos se concretó principalmente durante los años 2016 y 2017, conforme a los informes del Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, en el periodo subsiguiente hasta la actualidad se evidencia una notable disminución en la ejecución de tales fondos.
Del total asignado, se han ejecutado USD 2.337,30 millones que representan el 79 % de la asignación del año 2016. Con fecha de corte a diciembre de 2022, se reportó que estaba sin ejecución USD 627,65 millones, que correspondían a diferentes fuentes de financiamiento programadas. Dentro de este rubro se incluye el monto de USD 117 millones, provenientes de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
Por esta razón, llama a la Contraloría General del Estado a intensificar y asegurar la entrega puntual y detallada de informes anuales de auditoría, sobre el proceso de reconstrucción. Se incluyen recomendaciones al Comité de Reconstrucción.
Previo a la aprobación del informe, la asambleísta Gabriela Molina pidió que se incorporen en las conclusiones el manejo de los fondos y se precise cuánto queda en la cuenta única del proceso de reconstrucción, que llegaría a USD 117 millones. Carlos Vera Mora sugirió determinados cambios de forma respecto a la información oficial de las diferentes instituciones. Gabriel Bedón consideró importante precisar a las instituciones intervinientes, entre otros cambios de forma. Misael Rodríguez recordó la importancia del informe e interés para las poblaciones de Esmeraldas y Manabí, que debían ser beneficiarias de todos los recursos gestionados para tal fin.
Eustaquio Tuala reflexionó sobre la decisión que debe existir por parte de los gobiernos de turno para ejecutar los proyectos; sin embargo, en el caso de los fondos de Esmeraldas y Manabí no existe una ejecución total. Hay que cumplir con los saldos, dijo. Héctor Valladarez resaltó el trabajo de la Comisión de Gobiernos Autónomos, respecto a una de las aspiraciones de las dos provincias que requieren la ejecución de los proyectos planificados. Arturo Moreno respaldó la gestión de los legisladores manabitas. Manuel Naula se solidarizó y se adhirió al compromiso y anhelo de las zonas afectadas por el terremoto.
Luego de la decisión, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria Desintonio resaltó la aprobación del informe esperado por las provincias de Esmeraldas y Manabí, que constituye un mensaje al país y a las poblaciones abandonadas que tienen dignidad.
AM/pv
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