La mesa legislativa de Soberanía y Seguridad Integral continúa su trabajo de análisis para enriquecer el proyecto de Ley de Armas y elaborar su informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
En esta ocasión, presentaron sus observaciones al articulado Alfredo Pin, en calidad de asesor del asambleísta Lucio Gutiérrez; Ricardo Freile, intendente general Técnico de la Superintendencia de Competencia Económica; y, el delegado del Club Deportivo Hunters, Jorge Sequini.
La intervención de Alfredo Pin giró en torno al artículo 50 de esta normativa. “La redacción actual contraviene el derecho de todos los ecuatorianos a portar un arma de fuego, a fin de proteger su integridad personal”, expresó.
Solicitó a la comisión establecer el porte de armas de fuego letales como un derecho de toda la ciudadanía, siempre y cuando cumpla los requisitos necesarios y sin distinción por pertenecer a sectores productivos, ganaderos, camaroneros y deportistas, como se indica en la iniciativa actual.
Por su parte, Ricardo Freile se refirió a que la competencia económica, enmarcada en la producción de explosivos, dotaría de mayor eficiencia y calidad a los productos que oferta este mercado. “El ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé que la competencia en mercados regulados bajo cierto tipo de parámetros, permita que los sectores económicos crezcan y se mantengan equilibrados” señaló.
En relación a la existencia de un supuesto monopolio en la fabricación de explosivos mencionó que, “si bien Explocen es la única empresa autorizada para la fabricación de explosivos, existen otras 59 dedicadas a su importación, calificadas por la entidad reguladora.
Jorge Sequini planteó a la mesa rever el límite establecido para la importación de armas deportivas. Indicó que la normativa actual permite a los deportistas importar 25 pistolas, 50 escopetas o 35 carabinas, una caja de balas y dos de cartuchos, por cada arma, dos veces al año.
A consideración del deportista, la cantidad ínfima de municiones y armas permitidas, y la demora de aproximadamente cinco meses en cada importación, hará que ninguna fábrica reconocida quiera realizar el trámite para la venta de sus productos.
Una vez concluidas las intervenciones de los invitados, los legisladores Rafael Dávila y Sandra Rueda manifestaron que la intención de esta normativa es darle la posibilidad a toda la ciudadanía de acceder a un arma de fuego, cumpliendo previamente todos los requisitos de ley.
Además, solicitaron a la Superintendencia de Competencia Económica revisar las normas que impiden a otras empresas fabricantes de explosivos ingresar en este mercado y determinar si la regulación existente está desfavoreciendo la libre competencia.
CV/pv
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