En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de contención, acompañamiento y reparación transformadora e Integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió a Homero Tayupanda Quiroz, juez de Garantías Penales, quien presentó varias sugerencias relacionadas con el procedimiento y acciones procesales.
Entre otras observaciones planteó la incorporación del principio de interculturalidad y no revictimización; la actuación de la Defensoría Pública desde la fase de investigación previa incluido en las audiencias de flagrancia; obligación de colocar brazaletes electrónicos en caso de medidas cautelares; y, arresto domiciliario en otros lugares en los que se encuentran las víctimas.
Daniela Mora, experta en materia de género, explicó las relaciones de poder y la necesidad de no invisibilizar determinados elementos de la violencia machista. Precisó que una ley reparadora no debe establecer tipos penales, que ya se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal. Añadió que pese a la articulación entre entidades se debe establecer claramente el ente rector que realizará el seguimiento de la aplicación de la normativa.
Sara Oviedo Fierro, exvicepresidenta del Comité de Derechos del Niño - ONU, se refirió a la naturaleza de la ley y al interés superior del niño, como sólida obligación jurídica. Sostuvo que en los casos de femicidio es necesario identificar patrones, en hechos cometidos por policías, militares, guardias de seguridad o agentes de control, para que se desarrollen políticas de prevención.
Consulta previa, libre e informada
En los demás puntos de la agenda, la comisión también inició el estudio del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Discapacidades, presentado por el exsambleísta Carlos Aulla. También conoció el criterio jurídico emitido por la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de Código Orgánico Integral para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, que no incluirá en su tratamiento el derecho a la consulta previa, libre e informada, porque se elaborará un proyecto independiente.
AM/pv
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