La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el seguimiento de alcances y logros institucionales, conforme al acuerdo alcanzado entre la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado, Ministerio de la Mujer, Consejo de la Judicatura y la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión.
A esta reunión no acudieron la fiscal general del Estado, Diana Salazar y el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román.
La primera en comparecer fue Arianna Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, quien resaltó la importancia de cumplir el acuerdo, cuyo objetivo es unir fuerzas para verificar el cumplimiento de la política pública, potenciarla y fortalecerla desde cada uno de los espacios de nuestras competencias, que luchan contra la violencia de género.
Presentó las acciones realizadas por el ministerio para enfrentar los niveles de femicidios y violencia contra la mujer. Mencionó la campaña “Reconstruyendo Vidas”, a manera de prevención del femicidio, que busca la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de apoyar a las sobrevivientes, así como promover la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la prevención del femicidio.
Adicionalmente, manifestó que Ecuador está próximo a contar con un Registro Único de Violencia Contra las Mujeres (RUV), que será el primero en aplicarse en Latinoamérica. El objetivo de este registro es que el sistema interopere con sistemas informáticos de otras instituciones, además de centralizar, gestionar, registrar datos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia basada en género.
El registro estará integrado por la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Sistema Integrado ECU 911, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Gobierno, MIES, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Educación.
Por su parte, Zolanda Goyes, del Consejo de la Judicatura, indicó que la institución ha trabajado en cuatro de los artículos del acuerdo, que tienen que ver con planes y competencias en materia de femicidios y muertes violentas; mecanismos de seguimiento judicial en casos de femicidios y muertas violentas de mujeres; trabajo participativo con las víctimas indirectas de los casos de femicidio y muertes violentas de mujeres; y, la herramienta Femicidios EC.
Manifestó que la institución ha dictado políticas internas, enmarcadas en la resolución 158, en materia de prevención y atención de femicidios, adicional a las leyes ya existentes, que deberían aplicarse tanto en unidades judiciales como en la Fiscalía. Dentro de esas políticas, dijo Goyes, existen protocolos de actuación, atención y gestión especializada en las unidades, directrices, instructivos y rutas de atención, entre otros, con la finalidad de reducir los femicidios.
Indicó que existen nudos críticos en materia judicial como son los diferimientos de audiencias, y que tienen identificadas las causas, que serán solventadas con las políticas internas propuestas por el Consejo de la Judicatura.
Tras las comparecencias del Ministerio de la Mujer y del Consejo de la Judicatura, se esperaba la presencia de la principal autoridad de la Dinased; sin embargo, a pesar de la insistencia para que asista, según indicó el presidente encargado de la comisión, Adrián Castro, no se presentó, pero se insistirá en su asistencia.
Castro afirmó que el compromiso de los ministros con la Legislatura para comparecer es importante, considerando que el aporte institucional es vital para la construcción de la Ley de reparación de víctimas.
En comisión general fueron recibidos representantes de la sociedad civil. Narcisa Rosero, tía de víctimas de femicidio se refirió a las madres que claman justicia por sus hijas asesinadas. “Nos sentimos tan dolidas y apagadas porque la justicia no ha colaborado”, manifestó.
En la próxima sesión, a la que se les volverá a convocar a las autoridades que no acudieron, se escuchará a la sociedad civil, representada por víctimas indirectas de femicidio.
KC/pv
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