Nimia Yanangomez, activista social del Programa Sonrisas del Alma del Adulto Mayor del Municipio de Machala; Saúl Chalco, vicepresidente del Consejo Consultivo Nacional de Adulto Mayores; y, Sonia Andrade, de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Programas de Defensa de los Derechos del Adulto Mayor, comparecieron ante la Comisión de Garantías Constitucionales, con el fin de exponer sus criterios en torno al proyecto de reformas a la Ley de las Personas Adultas Mayores.
Sonia Andrade, tras advertir que Ecuador es un país en franco proceso de envejecimiento, sugirió diferenciar entre los cuidadores formales e informales. Explicó que en el primer caso tienen capacitación y derecho a una remuneración, por tanto deben estar registrados en la Senescyt y en los Ministerios de Trabajo y Salud.
Añadió que los cuidadores informales son las personas que atienden gratuitamente a sus familiares, a quienes el Estado debe garantizar el bono que se diferenciará de acuerdo al nivel de cuidado. Afirmó que la capacitación de los cuidadores en todos los niveles debe ser financiado por el Estado.
Así mismo, aseveró que para que una ley sea efectiva y con resultados es necesario que tenga el respectivo financiamiento, al tiempo que enfatizó que los adultos mayores reclaman ser tratados con absoluto respeto y coherencia, para asegurar un envejecimiento saludable.
De su lado, Nimia Yanangomez resaltó el trabajo que desarrolla la comisión que recoge la necesidad social de las personas adultas mayores. Comentó que para garantizar el cumplimiento de los deberes del Estado y los derechos de estas personas es importante evaluar la gestión y el respeto a la ley.
Advirtió que este momento no hay atención adecuada por parte de las instituciones públicas asignadas a esta responsabilidad, como son los Ministerios: de Salud; de Inclusión Económica y Social; y, de Educación, de ahí la importancia de la evaluación, porque no les atienden en temas de salud y entrega de los bonos, entre otros.
Por último, Saúl Chalco aspira que la ley se apruebe muy pronto, para bien de este grupo etario que crece de manera acelerada. La atención en salud, bienestar y envejecimiento debe responder a una política pública del Estado ecuatoriano, porque avanzamos a una sociedad envejeciente.
Expresó que según proyecciones de Naciones Unidas, para mediados de este siglo habrá 112 habitantes de 60 años o más por cada 100 jóvenes de 15 años o menos, de allí que se necesitan acciones conjuntas enmarcadas en la Constitución garantista de derechos, y dictar una ley factible de aplicarla con el debido presupuesto y programas sociales de la academia, sociedad y familia.
Finalmente manifestó que hace falta asistencia oportuna y especializada, permitir la participación de este sector etario, pues nuestro país tendrá una población adulta mayor equivalente al 12 o 15 % del total de sus habitantes.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas agradeció las propuestas de los comparecientes y solicitó que remitan por escrito para considerarlas y evaluarlas en la elaboración del informe, para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
PV
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