Para continuar el proceso de fiscalización a los derrames petroleros, fuentes de contaminación, pasivos ambientales en la Amazonía ecuatoriana y su respectiva remediación, la Comisión de Biodiversidad convocó a la Ministra de Ambiente y a la Gerente de la empresa Petroecuador.
En su intervención, Marcela Reinoso, gerente de Petroecuador, informó sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, emitida el 21 de julio del 2021, respecto al apagado de mecheros petroleros. Según los datos entregados por la autoridad, la empresa estatal, hasta marzo del 2024, ha apagado 145 mecheros, de los 424 detectados desde enero 2022. “El apagado comprenderá una segunda fase en la que se eliminarán 161 mecheros más para darle cumplimiento total a la sentencia, hasta el 2030”, señaló.
Además indicó que, la empresa petrolera, desde el año 2015, forma parte de la iniciativa global de no quema de gas asociado a la extracción hidrocarburífera, de cumplimiento obligatorio hasta el 2030. “Con esta iniciativa se proyecta captar 21.5 millones de pies cúbicos de gas asociado, que servirán para generar energía eléctrica y recursos económicos para el Ecuador”, señaló.
Por otro lado, Sade Fritschi, ministra del Ambiente, destacó que su cartera de Estado, en 168 días de gestión, ha impulsado acciones como la elaboración de un plan de monitoreo anual de remediación y un plan de acción para evaluar la calidad del agua en las zonas afectadas por derrames petroleros.
“Estos planes ya han sido socializados con todos los operadores petroleros para su cumplimiento, para identificar áreas de influencia hídrica y comunidades afectadas; realizar campañas de monitoreo para toma de muestras de agua; y, socializar los resultados con la población en territorio”, señaló.
La autoridad informó que la remediación total de pasivos ambientales en Sucumbíos, Pastaza y Orellana requiere una inversión aproximada de 1.7 billones de dólares.
Respecto a la información de las autoridades, los comisionados realizaron cuestionamientos relacionados a la georeferenciación de los mecheros apagados, acciones de remediación ambiental inmediata en las poblaciones afectadas y de planificación para la prevención de nuevos derrames.
Finalmente, la autoridad se comprometió a entregar por escrito toda la información requerida por los legisladores.
CV/pv
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