Los representantes de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables; Consejo Nacional de Competencias, Servicio de Rentas Internas (SRI); y, Ministerio del Ambiente presentaron sus observaciones al proyecto de Ley de Participación de las Rentas del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por Explotación o Industrialización de Recursos Naturales No Renovables en su Territorio.
Al respecto, la presidenta de la mesa legislativa, Victoria Desintonio informó que se han realizado dos mesas técnicas y en cumplimiento del cronograma es necesario continuar la recepción de observaciones, previo al informe para primer debate.
Juan Carlos Pindo, de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, sugirió que se aclare el tema de unidad jurisdiccional, porque los registros de los catastros mineros están definidos en polígonos, que en ciertos casos, tienen un área de influencia en dos o más jurisdicciones geográficas.
Camilo Maila, también delegado de esta Agencia, observó el contenido del artículo 4 del proyecto que plantea un monto de 10 centavos de dólar, del precio de venta por barril de petróleo que se extraiga o procese en los territorios. Pidió que se cambie a “10 centavos del precio de venta de la producción fiscalizada neta”.
En representación del Consejo Nacional de Competencias, Sebastián Vallejo y Myriam Sarsosa, consideraron que esta propuesta no debería tener el carácter de orgánica porque no reúne los requisitos que establece la Constitución. Pidieron que se exceptúe la explotación de materiales áridos que es una competencia de los gobiernos autónomos municipales o metropolitanos. Sebastián Vallejo explicó las observaciones en los temas: participación de las rentas en el sector petrolero, participación de las rentas en el sector minero, cálculo de distribución, explotación e Industrialización posteriores a esta ley.
Luis Emilio Veintimilla, director Jurídico del SRI, sostuvo que de la revisión efectuada no se desprende la creación de ningún tributo, sino la voluntad del legislador para disponer la distribución de las rentas en beneficio de los GAD; sin embargo, requirió que exista claridad en el artículo sobre la participación de las rentas en el sector petrolero. Planteó que primero se identifique la fuente del recurso y luego la distribución. Añadió que en la Ley de Minería también se regula la distribución de las rentas.
La abogada Patricia Miño, delegada del Ministerio del Ambiente, presentó observaciones al artículo 3 del proyecto referente a los principios, en el que pidió eliminar los literales d, e y g, sobre desarrollo sustentable, responsabilidad integral y prevención.
Fondo de Desarrollo Amazónico
Por pedido del legislador Héctor Valladarez, la Comisión de Gobiernos Autónomos amplió el ámbito de fiscalización también al Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, además del Fondo Común, que constan en la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La fiscalización comprenderá los valores depositados y utilizados.
AM/pv
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