La Comisión de Régimen Económico aprobaría hoy el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales, que tiene el calificativo de urgente en materia económica.
El legislador Oswaldo Larriva, presidente del organismo legislativo, sostuvo que la normativa beneficiará a 1 millón 900 mil personas naturales y jurídicas, entre ellos, comerciantes, empresarios, ciudadanos y el propio Estado.
Inquietudes de migrantes y pequeños agricultores
En la sesión 61, la comisión analizó dos temas específicos: las multas que deben pagar 66 familias retornadas por problemas con su menaje de casa, especialmente por el ingreso de vehículos; así como 60 mil ecuatorianos que forman parte de los pequeños y medianos productores agropecuarios y artesanales.
La asambleísta Ximena Peña, representante de la jurisdicción de Estados Unidos y Canadá, explicó que desde el 2012, 66 familias que se acogieron al plan de retorno voluntario mantienen deudas tributarias por 635 mil dólares y las multas por supuestamente violentar normas aduaneras derivadas del menaje de casa, en particular del ingreso de vehículos, llegan a 10 millones de dólares, lo que resulta imposible de cancelar, por lo que se requiere que sean beneficiarias del proyecto.
En este contexto, José Francisco Rodríguez, director general subrogante del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), dijo que en el caso descrito no habría importadores y gente que se dedique a la importación, sino ciertos ciudadanos migrantes que pueden haber hecho mal uso de la reglamentación del ingreso de su menaje, al precisar que a la institución le genera una carga administrativa fuerte el cuidado de los autos, por lo que no objetan que puedan ser condonadas tales multas.
También, recomendó que del proyecto urgente se excluya de manera integral a la aduana, al mencionar que por efectos de la remisión se perdonaría alrededor de 212 millones por multas o recargos versus 57 millones de la recaudación.
Adicionalmente, el parlamentario Fabián Solano insistió que se tome en cuenta su propuesta, que busca ampliar los beneficios de la ley se amplíen a los pequeños y medianos productores agropecuarios y artesanales, incluyendo al sector pesquero artesanal, deudores de buena fe, que mantengan obligaciones renovadas o reestructuradas, vencidas o castigadas, cuyos créditos hayan sido entregados para cultivos, comercialización, pastos, ganado, maquinarias agrícolas y mejoras territoriales, capital de trabajo, etc.
Abel Navas, titular de la Corporación Nacional de Agricultores y Sectores Afines, manifestó que los pequeños deudores del Banco de Fomento llegan a 60 mil, de los cuales el 50% pertenece a la tercera edad, que sufren una crisis económica y productiva en razón de la falta de financiamiento, presencia de plagas, inundaciones y que no son sujetos de crédito, por lo que incorporarlos en el proyecto urgente significaría hacer justicia y solidaridad con el campesino de la zona rural que trabaja en la producción de alimentos para consumo interno.
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