La Comisión de Gobiernos Autónomos prosiguió el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones que contiene 142 artículos, seis disposiciones generales, seis transitorias, dos derogatorias y dos finales. Hoy los parlamentarios avanzaron el estudio del documento hasta el artículo 109.
En esta reunión de trabajo se propuso incluir un inciso en el artículo 32 que habla de la imposición de obligaciones. Se agregó un tema sobre la preponderancia (+50% de cuota de mercado del usuario), con lo cual se busca proteger a la empresa pública del mercado dominante.
En este marco, se determinó que en caso de existir preponderancia de un prestador de servicios de telecomunicaciones en un mercado relevante, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones impondrá las obligaciones que correspondan al operador dominante o con poder significativo de mercado.
Los parlamentarios debatieron temas sobre el objeto, ámbito, objetivos, principios, definiciones, emergencia nacional y desastres, explotación de redes y prestación de servicios, derechos y obligaciones del usuario y prestadores de servicios de telecomunicaciones.
Así mismo, sobre la regulación sectorial, determinación de mercados de referencia o relevantes, títulos habilitantes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, régimen tarifario, interconexiones y acceso, secreto de las comunicaciones y de la protección de datos personales, homologación y certificación de equipos de telecomunicaciones, del servicio universal y de la promoción de la sociedad de la información, de los recursos orbitales y servicios satelitales; e inició el capítulo del régimen sancionatorio.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, adelantó que el próximo miércoles convocarán al representante del Consejo Nacional de Competencias, para que dé sus observaciones al proyecto de Ley de Telecomunicaciones.
La asambleísta Verónica Arias, al referirse al tema de las utilidades por el uso del espectro radioeléctrico que obtendrá el Estado no se podrá destinar a incrementar la burocracia, gasto público, sino a disminuir la brecha digital que existe en el país, de tal manera que se pueda lograr la equidad tecnológica y que el internet, banda ancha, televisión digital, servicios tecnológicos digitales puedan llegar a cubrir la mayoría de territorios del Ecuador.
La reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones planteada por el Mandatario, que contiene un artículo único, se refiere a las obligaciones laborales de empresas que utilizan el espectro radioeléctrico y determina para el caso de los trabajadores vinculados a empresas que mantengan contratos con el Estado, mediante los cuales se les delegue la prestación de servicios de telecomunicaciones, y para tal efecto utilicen espectro radioeléctrico, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, que lo destinará a proyectos de inversión social y de desarrollo de las telecomunicaciones, en especial la universalidad de servicios.
Dichos proyectos deberán ser armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.
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