En la sesión pública 202 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que se cumplió como parte del proceso de rendición de cuentas, participaron Galo Chiriboga, fiscal General del Estado; Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura; y, Alfonso Zambrano Pasquel, abogado en libre ejercicio de la profesión.
La reunión, en la que también estuvieron presentes organizaciones y colectivos ciudadanos, sirvió para analizar los principales aspectos de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y falencias detectadas, para definir posibles reformas a la referida normativa. Además, se analizó el proyecto referente a la falsificación de marcas y la piratería lesiva a los derechos de autor, de iniciativa del Ejecutivo.
Propuestas
Considerando que el territorio marítimo es cinco o seis veces mayor que el terrestre, Galo Chiriboga propuso que la Armada se convierta en un órgano auxiliar de la Fiscalía para el control de dichas aguas y los delitos que se cometen en ellas: acuáticos, secuestros en alta mar, captura de droga, detención de personas que tienen inconductas en el mar.
Igualmente, sugirió que se exceptué de la conciliación en aspectos de tránsito, que es el mecanismo de transacción y solución de conflictos, a más de los problemas que causan la muerte, la posibilidad de que una persona pueda recobrar su funcionamiento cerebral (muerte cerebral) y cuando un ciudadano queda cuadrapléjico.
Entre tanto, Néstor Arbito destacó la positiva contribución de la Asamblea Nacional en la transformación de la justicia ecuatoriana, a través de la aprobación de los códigos Penal y General de Procesos, que fomentan la existencia de la oralidad en todas las materias.
Sostuvo que el COIP ha permitido bajar del 30% al 4%, en el período 2012 al 2015, los casos de audiencias fallidas y la meta es llegar al 3%, tras enfatizar que otro hecho favorable al interés colectivo ha sido la implementación de los procedimientos directos en un número de 6.247, las videoconferencias y la aplicación del principio de favorabilidad.
Dijo que es fundamental clarificar en el Código Penal la ambigüedad en cuanto a las infracciones contra los intereses del Estado y el tratamiento de delitos de violencia contra la mujer y el núcleo familiar.
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