La Comisión de los Derechos de los Trabajadores solicitará información a la Ministra de Salud y al Gerente del Hospital Rodríguez Zambrano, de Manta, sobre la situación de varios servidores públicos que aducen que ilegalmente se les han iniciado sumarios administrativos sin fundamento y sobretodo violando el debido proceso.
El organismo legislativo conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Kerlly Torres y Gozoso Andrade para que coordinen una inspección in situ de lo que pasa en el hospital y emitan un informe que servirá de fundamento para enviarlo al Ministerio de Relaciones Laborales.
La presidenta de la comisión, Betty Carrillo, manifestó que es necesario enviar al Presidente de la República un informe con respecto al caso y que es probable que el gerente del hospital no esté informando adecuadamente o se le haya proporcionado información parcializada a favor de quien al momento está administrando el hospital.
El abogado Trajano Andrade, junto a una delegación de servidores del Hospital Rodríguez Zambrano, argumentó que a los servidores se les han iniciado sumarios administrativos sin fundamento y violando el debido proceso, porque no están sustentados a través de la autoridad nominadora que es la gerente, sino que se lo ha iniciado en Quito, por parte de la Directora Nacional de Talento Humano, cuando ella no es la funcionaria competente.
Dijo que a los funcionarios se los está obligando a comparecer en Quito, distrayéndolos de su domicilio laboral y legal, lo cual es totalmente ilegal, porque la Constitución de la República garantiza el hecho de que cada ciudadano tiene derecho a ser juzgado por los jueces o funcionarios competentes de su domicilio.
“Hemos venido a plantear a la Comisión que exhorte a las autoridades del Ministerio de Salud, porque están violando estos procedimientos”, sostuvo.
Explicó que son tres servidores públicos, que tiene 40, 30 y 25 años quienes jamás han sido amonestados ni han tenido ningún tipo de sanción, pero adicionalmente existen alrededor de 25 trabajadores que han sido despedidos intempestivamente, cuya queja está en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que se tramitan en las oficinas del Ministerio de Salud de Quito, lo que es ilegal e improcedente.
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