Con el voto afirmativo de 8 asambleístas, la Comisión del Derecho a la Salud, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, presentado por el presidente de este organismo legislativo, Carlos Velasco Enríquez.
El proyecto tiene como objeto establecer el marco legal e institucional para el abordaje del fenómeno de la droga con enfoque de prevención integral, sus riesgos y daños asociados, así como la regulación y control de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
En el documento se establece la transformación de la institucionalidad acorde con la nueva organización del Estado a partir de la misma Constitución; permite fortalecer y asegurar un marco de políticas más justas, humanas y eficaces, un mejor acceso a un sinnúmero de derechos y servicios que suelen ser vulnerados.
Igualmente al mejor control sobre todas las sustancias cultivadas, producidas, distribuidas, comercializadas y consumidas en el país; se encargará al Presidente de la República por su facultad constitucional de dar una respuesta de carácter jurídico a la problemática social que surge de la actividad respecto de las drogas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Su modelo jurídico intersectorial se configura desde dos aspectos: primero como un organismo coordinador y de participación de todos los sectores relacionados para la generación de políticas atendiendo a los objetivos y programas del gobierno; segundo que realice funciones operativas de ejecución de política.
Con este modelo se procura separar la política pública de la operación técnica administrativa y enfocar el tratamiento de las drogas desde un ámbito de desarrollo social.
También busca regular los aspectos planificadores y organizativos, supone la necesidad de establecer un marco de cooperación entre las distintas entidades del Estado y también con la sociedad, lo que permitirá tener un instrumento de estructuración y evaluación de las actuaciones realizadas por las instituciones.
La Secretaria Técnica, estará adscrita a la presidencia de la República, ejercerá facultades de coordinación, seguimiento y evaluación en el ámbito del abordaje del fenómeno social de las drogas; regulación y control de las actividades relacionadas al cultivo, producción, comercialización, distribución de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, desarrolladas por personas naturales o jurídicas; y tendrá jurisdicción coactiva para la recaudación de las multas que la Ley determine.
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