En rueda de prensa, la dirigencia de la Coordinadora de Movimientos Sociales ratificó el apoyo total a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, aprobada por la Asamblea Nacional, al tiempo de pedir al Presidente de la República que ponga el ejecútese, en el menor tiempo posible.
Joffre Pérez, coordinador de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales y de las Juntas de Riego, indicó que preparan algunos insumos para la reglamentación de la normativa. La aplicación y vigencia plena del cuerpo legal garantiza a los pequeños agricultores y regantes de las parroquias rurales una oportunidad para ser los garantes de la soberanía alimentaria en el Ecuador, enfatizó.
No más abusos
Marcos Calderón, de la Federación de Organizaciones Montubias del Ecuador, integrada por 678 organizaciones de la Costa y del subtrópico, aseveró que la aprobación de la ley deja atrás a la de los años 70, que generó confusiones y abusos con la utilización de un recurso estratégico.
Precisó que la propuesta recogió el sentir del pueblo montubio, que participó activamente en la consulta prelegislativa, al criticar la actitud de ciertos movimientos indígenas de adoptar medidas radicales.
Sin apoyo popular
Entre tanto, Rodrigo Collaguazo, vocero de la Coordinadora de Movimientos Sociales, dijo que la ley afecta los intereses de los grandes grupos de poder, por tanto, es inexplicable la “caravana de camionetas” implementada por la Conaie, que ha estado huérfana de apoyo de comunidades, pues la gente de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha y otras no han hecho ningún tipo de acompañamiento a la marcha.
En el cuerpo legal quedó claro que se prohíbe toda forma de privatización; el fortalecimiento de las juntas de aguas y de regantes; que la Autoridad Única del Agua es una institución, no una persona, que tendrá subsecretarías, direcciones nacionales y provinciales, lo que permite despejar algunas mentiras y falsedades, agregó.
Por último, manifestó que no tiene sentido el comentario sobre la prelación de agua solo para industriales y mineras, pues se dispone que el aprovechamiento productivo tiene que ir también para la economía social y solidaria.
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