Mañana, a las 17:00, está previsto que los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, reciban al Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, quien absolverá inquietudes sobre el control en el caso Coopera.
Como se recuerda, un grupo de perjudicados expresó tanto en Quito como en Cuenca sus dramas personales y reclamó la devolución de sus ahorros sin discriminación. Inicialmente se reveló que existieron pérdidas por 12 millones de dólares a diciembre de 2012, a junio del 2013, las pérdidas alcanzaron los 45 millones de dólares.
El asambleísta Ramiro Aguilar preparó el informe relacionado con la quiebra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda., para lo cual se entrevistó con los responsables del Consejo de la Judicatura del Azuay, donde se explicaron los procedimientos seguidos por los operadores de justicia en los procesos abiertos, no solo por el lavado de activos, sino por las responsabilidades en el mal manejo de dicha institución cooperativista.
El objetivo fue determinar cómo el Consejo de la Judicatura, en ejercicio de las atribuciones que constan en el numeral 5 del artículo 181 de la Constitución de la República, efectivamente está velando por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial de la Provincia del Azuay”.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Oswaldo Larriva, señaló que los casos que relataron los representantes de los perjudicados por el cierre de Coopera son preocupantes, por ello, es necesario conocer las acciones emprendidas desde la Fiscalía General de la Nación para dar con los culpables, cómplices y encubridores.
Hay que tomar en cuenta que la Fiscalía inició su investigación en julio de 2013, a partir de un informe de auditoría de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). En éste se detectó el estado de iliquidez y problemas de solvencia de Coopera en el balance financiero del 2012 y obligó a revisar los balances de años anteriores, agregó.
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