El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Gabriel Rivera López, en el acto de rendición de cuentas de la gestión parlamentaria 2014, resaltó el cambio de concepto de la fiscalización que hoy tiene un carácter concurrente para sumar y hacer de las instituciones y de sus obligaciones, un accionar más eficaz y eficiente, lo cual contrasta con el acostumbrado show político en que se convirtió esta tarea en el pasado.
Subrayó que en este año de labores, el organismo analizó asuntos de gran trascendencia política y de interés para la ciudadanía, comunidades y sectores productivos, para lo cual citó a varias autoridades de gobierno, de organismos de control, tales como Fiscalía, Contraloría y las superintendencias de Bancos, Compañías y de Control del Poder de Mercado.
Con el fiscal General, Galo Chiriboga, citado por dos ocasiones, se trataron temas relacionados con el caso Chevron- Texaco, desaparición de personas y el caso de retención de dos niñas en la matanza entre los pueblos Tagaeri y Taromenane, en la Amazonia ecuatoriana.
En el caso conocido como “La Majadita”, agregó Rivera, se cruzó documentación respecto a los informes de Fiscalía para evitar la impunidad. Otro tema se refiere al Banco Nacional de Fomento que impulsó continuamente el proceso judicial donde muchos agricultores resultaban perjudicados, añadió.
Respecto de la Contraloría General del Estado, se analizó el uso del Fondo Partidario por determinadas organizaciones políticas, dentro de lo cual se han remitido informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía en contra de cuatro de ellas, que habrían hecho uso indebido de tales recursos, sin perjuicio de las responsabilidades que por ley corresponde para la devolución y recaudación de estos valores.
Igualmente, la Comisión de Fiscalización por iniciativa de la asambleísta Vanessa Fajardo, desarrolló una sesión en la provincia de Santa Elena, en la parroquia de Chanduy, con el propósito de recibir denuncias sobre la presunta transferencia ilegal de tierras comunales.
Rivera López indicó que otro de los temas tratados por la Comisión, con la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, fue el relacionado con la inversión en los centros penitenciarios y la implementación de la Escuela Penitenciaria, a fin de promover la creación de plazas de trabajo y la preparación eficiente y profesional de un cuerpo de seguridad especializado en el marco del respeto al ser humano privado de su libertad.
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