La Comisión de Gobiernos Autónomos, previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, escuchó la propuesta del Director Ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Edwin Miño Arcos, quien solicitó que en la normativa se establezca que los gobiernos provinciales tengan la facultad de definir los terrenos que pueden ser urbanizables, en sus respectivas jurisdicciones.
Subrayó que este espacio permitirá a los representantes de las juntas parroquiales y de los gobiernos provinciales ejercer la capacitad, no la competencia, de coordinar entre las dos instancias, qué suelos pueden ser considerados urbanos. Hay que tomar en cuenta que toda la problemática pasa por este proceso, añadió.
Edwin Miño indicó que las instancias de gobierno de carácter provincial deben presentar planes de desarrollo para sus jurisdicciones y establecer el Plan de Ordenamiento Territorial, pero si no tienen la capacidad de decidir sobre el mismo, qué sentido tiene, preguntó, si no hay la mínima capacidad de sugerir qué territorios pueden ser declarados urbanos, porque reúnen los requisitos para ello.
La importancia del ordenamiento territorial hace necesario que esta decisión sea compartida por todos los niveles de gobierno, por tanto, los consejos provinciales y las juntas parroquiales deben generar un informe previo a su aprobación para que se declare qué terreno es urbanizable. Reiteró que no piden la competencia, que la tienen los Municipios del país, sino que se establezca este espacio de coordinación obligatoria entre los tres niveles de gobierno.
En este marco, pidió a los comisionados busquen algún mecanismo para solucionar esta problemática que se da en lo rural, tomando en cuenta que los gobiernos provinciales solo tienen competencias en este sector y, en la práctica, debe establecerse una articulación entre lo urbano y lo rural.
Además, indicó que existe un problema básico en la coordinación de la competencia de ambiente, que fue entregada en el mes de diciembre a los gobiernos provinciales, así como la competencia de fomento productivo, pues es necesario determinar en la propuesta legal los límites de la frontera agrícola.
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