En el ejercicio de rendición de cuentas cumplido este martes en la Asamblea Nacional, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que preside Dora Aguirre Hidalgo, recibió inquietudes de varias organizaciones sociales, respecto de temas como la transversalización de los derechos de las personas en movilidad humana, así como de la interculturalidad; la situación de sectores juveniles y el fortalecimiento de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo.
Al inicio de la la audiencia pública, la titular de este organismo, Dora Aguirre, tras dar la bienvenida a las decenas de representantes de la sociedad civil, informó el trabajo de la comisión en el análisis de los proyectos de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; de reformas a la Ley Orgánica del Función Legislativa; de reformas a la Ley Orgánica de Elecciones, Código de la Democracia; de Ley para las Declaraciones Juradas de Bienes; de Protección e Igualdad de los Ecuatorianos Migrantes y sus Familias; y, Ley de Defensa de los Migrantes, estas dos últimas que formarán parte del proyecto de Ley de Movilidad Humana.
Indicó que se han desarrollado 28 encuentros (nacionales y provinciales) e impulsa varios procesos de diálogo y difusión de los derechos de participación, de manera que todas las ciudadanas y ciudadanos conozcan las garantías establecidas en la Constitución y, a su vez, estén en capacidad de exigir su cumplimiento.
Destacó, además, la activa participación de los diversos colectivos en estos encuentros, los mismos que han enriquecido la gestión legislativa.
Inquietudes
Acto seguido, la presidenta de la Comisión, Dora Aguirre, ofreció el uso de la palabra a los concurrentes. Uno de los primeros en intervenir fue Marcelo Cárdenas, del colectivo de migrantes retornados de Chimborazo, quien subrayó la importancia de trabajar en una ley que garantice sus derechos, ya que en la actualidad, pese a las disposiciones normativas vigentes, todavía hay problemas en el acceso de los retornados a puestos de trabajo y demás beneficios determinados en múltiples políticas públicas vigentes.
Mientras, Guido Jaramillo, de la Hermandad de Ferroviarios, solicitó se analice a profundidad la eliminación de la obligatoriedad del aporte del 40% por parte del Estado para el pago de las prensiones jubilares, derecho que está legislado desde 1942, en la presidencia de Carlos Arroyo del Río, sobre la base de un estudio actuarial que determinó la necesidad de contar con un aporte tripartito (del empleado, del empleador y del Estado).
Entre tanto, Miguel Coro, del barrio la Lucha de los Pobres y José Agualsaca, de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, FEI, coincidieron en la necesidad, no solo de profundizar la participación ciudadana, sino de hacer que las leyes que se dictan desde la Asamblea Nacional, sean inclusivas y contribuyan a la consolidación del Estado plurinacional y el principio de la pluriculturalidad.
Celia Sarango, del Centro de Comunicación y Educación Popular de Atucucho, al igual que Jaime Muñoz, de la Confederación de Organizaciones Campesinas del Ecuador, se mostraron partidarios de propiciar el fortalecimiento de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, de manera que su accionar sea más efectivo.
La Comisión de Participación está integrada por Dora Aguirre, presidenta; Johanna Cedeño, vicepresidenta; Agustín Delgado, Alberto Arias, Diego Vintimilla, Franco Romero, Guadalupe Salazar, Luis Tapia, Mae Montaño, Raúl Patiño, Isabel Mosquera y Rita Matías.
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