La Comisión de Educación, presidida por la asambleísta Ximena Ponce, intensificó el debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil, referido al bullying.
En esta ocasión, acudieron al organismo Tania Arias, del Consejo de la Judicatura; Freddy Peñafiel, subsecretario de Educación; y, la asambleísta Marisol Peñafiel, del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de la Niñez, quienes coincidieron en objetar el carácter punitivo de la propuesta, que, además, vulnera el principio constitucional de proteger el derecho de las personas y grupos de atención prioritaria.
Tania Arias dijo que es rescatable que un tema que se está presentando en la realidad y se produce en nuestras escuelas y colegios, en el ámbito educativo, merece una discusión y requiere que las instancias involucradas: Asamblea, el sistema de educación y la administración de justicia tomen atención de lo que sucede y, lo que es más, adopten las medidas legislativas y administrativas para prevenir la problemática, que es lo más importante.
El proyecto tiene un enfoque punitivo, que no guarda correspondencia con una perspectiva de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, ni con el interés superior de la niñez como sujetos de atención prioritaria por parte del Estado, consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales, manifestó.
Mientras, Freddy Peñafiel consideró que la propuesta tiene un sesgo absolutamente punitivo, que trata de cargar la mano a la pena, al castigo y hacia el estigma de un estudiante que comete un error, alejándose del enfoque de derechos. En todo caso, el acoso escolar y las consecuencias de este tipo de comportamientos están definidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, agregó.
Indicó que es fundamental la prevención y consolidar un sistema general que pueda acompañar a las víctimas y a los niños en situación de victimarios, al enfatizar que están en pleno funcionamiento las 140 Juntas Distritales de Resolución de Conflictos y que próximamente saldrá a circulación la guía de prevención de acoso escolar para estudiantes, docentes y padres de familia.
Entre tanto, la asambleísta Marisol Peñafiel comentó que ese enfoque punitivo no es el enfoque de garantía de derechos en los cuales ha desarrollarse una norma, por tanto, la reforma planteada es ambigua y no tiene sustento jurídico, ya que contradice los principios de interés superior, además confunde términos jurídicos que no constan en la legislación ecuatoriana –bullying-.
Por último, Gastón Gagliardo sugirió que el Ministerio de Educación remita la estadística de casos de acoso escolar, a fin de determinar el número en territorio y las motivaciones (racial, económica, problemas en casa, etc.).
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