El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales, sobre el que los legisladores señalaron que los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y que únicamente se condona el 100% de las multas e intereses si pagan en los 60 días siguientes a la promulgación de la ley y el 50% si lo hacen hasta el día 90.
Luego de escuchar los criterios de 23 Legisladores, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, cerró el debate de este tema y solicitó a los parlamentarios remitir sus observaciones a la Comisión de Régimen Económico, a efectos de que prepare el informe para segundo debate.
El asambleísta Carlos Bergmann dijo que el proyecto es una de las leyes más inclusivas, porque se acoge a este beneficio más de un millón 900 mil personas. La deuda abarca más de seis mil millones de dólares y con su recaudación crecerá la economía del país para invertir en obra pública, así como incorporar más actores al sector productivo.
La legisladora Rocío Albán manifestó que el escenario económico nacional y macroeconómico se presenta complejo, lo cual obliga a buscar soluciones con políticas tributarias mediante un pacto social entre el sector productivo y el Estado. El proyecto propone la remisión de intereses sin afectar la recaudación de los tributos posibilitando generar liquidez en la economía ecuatoriana y de esta manera beneficiar a la pequeña y mediana industria. En Cotopaxi se beneficiarían 33. 900 personas, subrayó.
El parlamentario Moisés Tacle señaló que la medida que se adopta es excepcional y extraordinaria para reducir el déficit fiscal. Favorece a un grupo mayoritario de ciudadanos que tienen deudas menores con el SRI y a grandes empresarios que tienen la mayoría de deudas en el sistema tributario del país.
Nelson Serrano resaltó que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir las obligaciones tributarias para contribuir con el Estado para que administre los fondos a favor de los contribuyentes y en esa línea el SRI trabaja para recuperar el pago del impuesto que le corresponde conforme a la ley. No han pagado cerca de 400 mil contribuyentes de los cuales 300 mil son personas naturales y 100 mil son de sociedades y empresas. Si bien constituye el 25% tienen la mayor deuda, pero lo que se busca es establecer un mecanismo para ayudar al pago a los contribuyentes incluso los que más deben, para que accedan a la condonación de multas e intereses.
Entre tanto, la legisladora Diana Peña manifestó que las personas en movilidad humana también deben beneficiarse de una política pública clara por ello solicitó se incluya una disposición que determine que el Ministerio Rector de Movilidad Humana difunda el procedimiento especial contemplado en esta ley y serán las embajadas, consulados y demás misiones diplomáticas representes del Ecuador en territorio extranjero los que asuman la responsabilidad, competencia y facultad de convertirse en entes recaudadores, a fin de que los ciudadanos residentes en territorio extranjero cumplan esta obligación.
De su lado, Luis Fernando Torres indicó que la propuesta beneficia a quienes no pagaron oportunamente sus tributos. Es adecuado que la propuesta se plantee que los gobiernos autónomos descentralizados, mediante ordenanzas, dentro de los plazos, términos y condiciones puedan redimir intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias de su competencia.
Juan Carlos Cassinelli aclaró que la propuesta no conlleva ninguna creación de tributos y más bien obedece a una política responsable del Estado para buscar a través de distintas medidas enfrentar un hecho que es derivado de un acontecimiento mundial como es la caída del precio del petróleo.
Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, precisó que con la normativa se prevé recaudar 500 millones de dólares. Solicitó apoyar el proyecto, argumentando que beneficia a los ecuatorianos y permite capitalizar al país. Luis Tapia dijo que estará vigilante que se cumplan los objetivos de la norma y espera que el resultado de la ley vaya a fortalecer el sector agropecuario y a dar apoyo a emprendedores afectados por el invierno.
Ricardo Zambrano subrayó que la ley favorecerá a miles de ciudadanos y fortalecerá el desarrollo del país. Pidió incorporar que no podrá consentirse la acumulación de convenios o fraccionamiento de pagos para quienes quieran acogerse a este beneficio.
Christian Viteri expresó que entre más carga litigiosa exista, la administración tributaria se vuelve más difícil para cobrar la deuda. César Umaginga manifestó que el proyecto de remisión de multas beneficia directamente a grandes empresarios, banqueros y transnacionales, a pretexto de cubrir la brecha fiscal, mientras que la legisladora Liliana Guzmán comentó que el proyecto es producto del diálogo, socialización y discusión con el sector empresarial y ciudadano. Comparte la necesidad de incorporar una disposición para que los ecuatorianos en movilidad también se beneficien con esta ley.
Elizabeth Reinoso pidió estudiar la ampliación del plazo para cumplir trámites; Miguel Moreta manifestó que el proyecto debe favorecer el interés de todos los contribuyentes por tanto debe ir acompañada de créditos con bajo interés para agricultura y ganadería.
Verónica Guevara apoyó la propuesta para que los compatriotas migrantes sean tomados en cuenta en el proyecto. René Yandún solicitó la lista de persona naturales y jurídicas que serán favorecidas con este proyecto de ley. A su criterio la amnistía tributaria debe llegar a la gente pobre del campo que ha perdido créditos en el Banco Nacional de Fomento. William Garzón resaltó que la ley beneficiará a dos millones de ecuatorianos, pidió ampliar el ámbito de aplicación de la ley. Milton Gualán dijo que la ley favorecerá a grandes grupos de poder.
Rosa Elvira Muñoz señaló que más de 72 mil contribuyentes de Chimborazo se beneficiarían con esta ley y solicitó que se tome en cuenta a los sectores campesinos, pequeños y medianos agricultores y que renegocien sus deudas.
Finalmente, Fabián Solano manifestó que más de 17 mil contribuyentes de Bolívar se benefician con esta ley y pidió que se incluya en este cuerpo legal el beneficio de exonerar de intereses a los deudores de buena fe del Banco Nacional de Fomento.
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