Las enmiendas tienen relación con las infracciones gravísimas, vacancia judicial, funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, oficinas territoriales, competencias y obligaciones de la Defensoría Pública de la Víctimas de la Delincuencia, ingreso al servicio notarial, entre otras.
De acuerdo con las reformas, para los servidores judiciales de la Corte Nacional de Justicia, Juzgados de Inquilinato y Juzgados de Trabajo, las vacaciones se establecen en dos períodos de 15 días cada uno: del 1 al 15 de agosto, para el régimen de sierra y amazonía; del 17 al 31 de marzo, para la región litoral e insular; y, del 22 de diciembre al 6 de enero subsiguientes en todo el país.
Se incorpora la norma en el sentido de que será también causal de destitución de jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios o quien les subroguen legalmente y peritos de la Función Judicial y otros operadores de justicia, cuando éstos de manera injustificada no concurran en el día y hora a las diligencias judiciales, excepto por causas de caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán ser justificadas en las 24 horas subsiguientes.
El Defensor Público General de las Víctimas de la Delincuencia será la máxima autoridad de esta entidad y deberá reunir los siguientes requisitos: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política, ostentar el título de doctor en jurisprudencia; y, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.
Deberá ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana, mediante concurso público de oposición y méritos. La persona designada se posesionará ante la Asamblea Nacional; durará cuatro años en el cargo, sin posibilidad de reelección.
El ingreso al servicio notarial se realizará por medio de un concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social. El Consejo de la Judicatura determinará el número de notarías que funcionarán en las cabeceras cantonales, de acuerdo a sus necesidades.
La Contraloría realizará auditorías financieras y de gestión en las notarías, para establecer el trabajo ejecutado, el correcto pago de los tributos y la transparencia en relación a la transferencia de los recursos producto de las tasas, a la Cuenta Única del Tesorero Nacional.
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