Ximena Peña representante de los ecuatorianos en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, durante el segundo debate del Código Orgánico General de Procesos -COGP-, se refirió a la necesidad de incluir en la propuesta una mirada hacia el exterior, por ello, propuso innovadoras normas en materia procesal para garantizar el derecho a la defensa de las personas migrantes.
Indicó que la propuesta del Código que se debate, no ha incluído algunas normas necesarias para responder a las demandas y realidades de los migrantes, quienes a menudo se ven expuestos a indefención por lo que se requiere fortalecer las normas que garanticen la tutela efectiva reconocida en la Constitución de la República.
Entre las innovaciones planteadas se encuentra la relacionada con la citación. Para Ximena Peña, la propuesta del Código de Procesos no corrige los problemas que se presentan en la actualidad y que permiten que bajo la posibilidad de citación por la prensa se evite que la parte demandada tenga conocimiento de los procesos planteados en su contra.
En este marco dijo que “estamos proponiendo, entre otros aspectos, que cuando se afirme desconocer el domicilio de la parte demanda, se incluya como requisito previo a la citación por los medios de comunicación, el certificado de movimiento migratorio y la certificacion de registro consular, lo que garantizaría que tanto el ecuatoriano migrante regular cuanto aquel que no viajó de manera regular, tenga mayores oportunidades de conocer cuando se está planteando una demanda en su contra. Se trata de acabar con las demandas en las que de manera dolosa se afirma desconocer el domicilio de la parte demanda cuando se trata de un proceso contra una persona en el exterior”, indicó.
Otra innovación propuesta tiene que ver con la posibilidad de que en algunas diligencias como la absolución de pliegos, reconocimiento de documentos o comparecencia a audiencias, la persona que se encuentre en el exterior pueda hacerlo mediante videoconferencia. “Tenemos el desafío de asumir una verdadera revolución tecnológica en el sistema de justicia” señaló.
Otra preocupación tiene que ver con la homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediciacion dadas en el exterior. La propuesta de la Asambleísta se orienta a incluir normas que promuevan mayor celeridad en el proceso y evitar los actuales trámites engorrosos que han impedido que se ejecuten sentencias dadas en el exterior.
Señaló también la importancia de garantizar la posibilidad de ampliación o suspensión de los términos procesales cuando deban realizarse diligencias en el exterior, considerando los días hábiles que decurran en los países en los que se practirán las diligencias.
