La Comisión de Fiscalización continuó esta tarde con la sustanciación de pruebas testimoniales dentro del juicio político a la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, planteado por el asambleísta Rolando Panchana Farra.
La legisladora Silvia Salgado, presidenta del organismo, confirmó que este martes se avocará conocimiento y calificará o no el pedido del juicio propuesto por el Movimiento Popular Democrático, también contra la ingeniera Sabando, tras recalcar que el próximo miércoles concluirá la etapa de recepción de testimonios.
El organismo recibió en primer lugar al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera Giler, quien aseguró que la ex funcionaria incurrió en omisiones graves respecto de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero para cobrar a la banca cerrada previa su liquidación.
Comentó que las leyes que se hicieron luego de la crisis financiera fueron muy rigurosas. Entonces, nadie puede decir, en este momento, que no hay ley para cobrar a los banqueros corruptos, siendo esta legislación una de las pocas cosas buenas que dejó la partidocracia.
Explicó que con esta normativa y ante responsabilidades penales la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tenía plenas facultades para incautar los bienes de los banqueros, disposición con la cual se incautaron las propiedades de los señores Aspiazu, Landes, Peñafiel e Isaías, para recuperar, en algo, los miles de millones que gastó el Estado durante el salvataje.
La ex superintendenta Gloria Sabando teniendo la posibilidad de incautar bienes y acciones de los banqueros que quebraron la banca no lo hizo, es decir, no aplicó lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y esa es la acusación que le planteó el Gobierno, más aún cuando facilitó la liquidación forzosa de 32 entidades, sostuvo.
Incluso, añadió, la Junta Bancaria, mediante Resolución del 3 de julio de 2008, autorizó a la Superintendenta, la aplicación plena del segundo inciso del artículo mencionado, por tanto la señora Gloria Sabando no tenía ninguna excusa para no aplicar esta normativa. No se cobró nada, expresó.
Otra incorrección
Aquí no hay una política de persecución o de establecer una cortina de humo, dijo, al acusar a Sabando de haber dispuesto a su libre arbitrio la calificación y funcionamiento de determinadas compañías de seguros que no cumplían las debidas regulaciones y reglamentos de la Junta Bancaria atinentes al patrimonio y capital mínimo, dejando así de lado los intereses del público en general.
MG/pv
La doctora María Paula Romo, acompañada de varios asambleístas de PAIS, denunció que el fiscal General del Estado, Washington Pesántez, ha implementado una política de persecución contra las personas que impulsaron el juicio político en su contra, hace casi un año (26 de enero 2010).
Pesántez utiliza a la Fiscalía para satisfacer sus venganzas y bajas pasiones. La Fiscalía se ha convertido en un órgano de protección de los amigos y de extorción para los ciudadanos honestos, aseveró la doctora Romo, tras enfatizar que independientemente de sus amenazas o la persecución que se haga contra ella y su familia continuará diciendo la verdad.
Citó el caso de la doctora Lucy Blacio, ex fiscal de la provincia de El Oro, testigo clave en la investigación, quien ha sido requerida en distintas ocasiones para rendir testimonio en una investigación de homicidio. En la última ocasión el Fiscal notificó a la Policía para que sea detenida y obligada a comparecer.
Además, otros testigos en la sustanciación del juicio político a Washington Pesántez: Ángel Gabriel Salvador y Bratislav Zivadinovic han sido víctimas de demandas penales
Así mismo, denunció que el 26 de enero del año pasado la Fiscal de Loja decidió abrir, por denuncia secreta, reservada y recibida por “sus superiores”, indagación penal contra sus padres. Resulta insólito que la Fiscalía le disponga al Servicio de Rentas Internas una indagación al respecto, pero el SRI no determinó irregularidad alguna en cuanto a pagos y más bien estableció que las declaraciones tributarias son correctas.
Inmediatamente, la Fiscalía ordena una investigación por lavado de activos, remitiendo sendas cartas a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Bancos, Registro de la Propiedad, Municipio de Loja y al Banco Central, pidiendo información sobre la actuación de sus progenitores. Luego de casi un año del proceso, recién esta semana han sido llamados a rendir su versión, pero sin saber de qué delito se les está indagando, añadió.
Sostuvo que todos los funcionarios que firmaron el comunicado de respaldo a Washington Pesántez, violando el Código Orgánico de la Función Judicial fueron absueltos, no se destituyó a nadie y muchos de ellos han resultado premiados en los nuevos “concursos" de la Fiscalía.
MG/pv
La Comisión de Derechos Colectivos recibirá a los delegados del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador –CODENPE-, el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa –CODEPMOC- y, de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano –CODAE-, a fin de planificar y coordinar acciones relacionadas con el proceso de consulta prelegislativa del proyecto de Ley Orgánica de Ejercicio y Aplicación de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador.
El próximo 13 de enero, a las 17:00, se realizará el Foro “Perspectivas de la política pública con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)”, en el Auditorio Manuel Carrión Pinzano, de la Corte Provincial de Justicia de Loja.
El evento cuenta con el patrocinio y organización de la Asamblea Nacional del Ecuador, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
El asambleísta Mao Moreno Lara, principal impulsor del Foro, resaltó que la Constitución reconoce que la educación es un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal; garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Además, debe centrarse en el ser humano y garantizar su desarrollo holístico; responder al interés público y no a intereses individuales y corporativos; convertirse en artífice de la investigación científica y ser el fundamento de la producción y transferencia de innovaciones tecnológicas.
De allí la importancia de este encuentro, precisó Moreno, tras indicar que entre los expositores estarán: Daniel Suárez, asesor de la SENPLADES y Augusto Espinosa, subsecretario de la SENESCYT, profesionales de alto nivel académico-científico que contribuirán a reflexionar sobre principios como la autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación, para la producción de conocimiento, en el marco de la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, pues la idea es establecer un diálogo con todos los sectores a los que compete la LOES.
Puntualizó que participarán autoridades, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de los centros de educación superior de las provincias de la Zona 7 – Sur (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe).
Previamente, a las 10:00 de ese día, se realizará una rueda de prensa, en el Auditorio del Gobierno Zonal 7, con la presencia de autoridades de la SENESCYT, SENPLADES y del asambleísta por la provincia de Loja, Mao Moreno Lara.
MG/pv
La Asamblea de Montecristi fue la que propició la intervención de la Contraloría y la Fiscalía
Ante la publicación y difusión de artículos de prensa que sugieren, se habrían cometido irregularidades en la Asamblea Constituyente, sin que se haya observado el trámite correspondiente para el establecimiento de responsabilidades y sanciones, consideramos pertinente explicar a la opinión pública el proceso seguido, en consecuencia con uno de los postulados más importantes de la revolución ciudadana: La lucha contra la corrupción y la inoperancia del Estado, que constituye uno de sus baluartes éticos fundamentales.
La comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, citó para el lunes 10 de enero, a partir de las 15:00, al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera; al presidente del Directorio del Banco Central, Diego Borja; al titular de la Junta del Fideicomiso AGD-no más impunidad, Pedro Delgado Campaña, entro otros, para que rindan su testimonio dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, presentada por el asambleísta Rolando Panchana.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, presentó a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite otro juicio político contra la ex superintendenta de Bancos, Gloria Sabando. El pedido fue planteado por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y será sustanciado por la Comisión de Fiscalización, según informó la asambleísta Lourdes Tibán, integrante del organismo legislativo.
Familiares de Francis Omitar Tamayo, junto con su abogado, Ernesto García y los asambleístas Thomás Zevallos, Gido Vargas y Armando Aguilar solicitaron el apoyo de los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos, a fin de aunar esfuerzos para esclarecer los hechos ocurridos el 18 de enero de 2010, en donde fallecieron tres personas, en el Río Sanmiguel, en la provincia de Sucumbíos. El objetivo es que impere la justicia y el caso no quede en la impunidad, según dijeron.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, resaltó la apertura que ha primado en el organismo para acoger las observaciones de las diferentes bancadas y los colectivos ciudadanos, a fin de buscar el mayor consenso en torno al proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La asambleísta dijo que le llama la atención los cuestionamientos formulados en su contra por parte de Rafael Dávila y Enrique Herrería, quienes no acudieron a la reunión de la Comisión citada para el viernes 17 de diciembre de 2010, a partir de las 16:00, a pesar que ellos fueron los que más exigieron dicha convocatoria, para analizar y conocer las últimas incorporaciones al respectivo informe.
Explicó que el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le faculta, en calidad de ponente, incorporar cambios al proyecto de ley que sean sugeridos en el Pleno. Sin embargo, se llamó a sesión a los comisionados para profundizar el conocimiento del texto final e incluso se abrieron espacios suficientes para presentar mayores criterios y aportes de legisladores y de las organizaciones sociales inmersas en la temática, agregó.
Indicó que el correspondiente informe está suscrito por los parlamentarios Dávila y Herrería, entre otros, por lo tanto sorprende dichos cuestionamientos. No voy a renunciar para dar satisfacción a un determinado capricho, expresó.
Saruka Rodríguez enfatizó que la normativa constituye una respuesta efectiva al clamor ciudadano con respecto a la alarmante cifra de accidentes de tránsito, no a intereses o presiones de ningún sector en particular, al manifestar que los que hoy critican su gestión no presentaron oportunamente observaciones.
Sostuvo que bancadas como Sociedad Patriótica, Prian, PRE, la mayoría de Alianza País, y otras, más allá de ciertas discrepancias, han expresado el respaldo al espíritu del proyecto, el cual podría entrar a votación el miércoles de la siguiente semana.
Finalmente, la titular de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa anunció que en las próximas horas dará a conocer un ajuste último al documento.
MG/pv
