El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, confirmó que en enero de 2011 se retomará el tratamiento, en segundo debate, del proyecto de Ley de Comunicación.
En tal sentido, llamó a que la prensa contribuya a construir una discusión seria y elevada, a fin de encontrar el suficiente consenso, superando los temas polémicos entre las diferentes bancadas, con lo cual se podría evitar la posibilidad de una consulta popular respecto de esta materia, tal como lo ha anticipado el Presidente de la República.
En enero tendremos que ver los supuestos defectos de la propuesta y si se presentan aspectos imposibles de arreglar, tendríamos que archivar el proyecto, enfatizó.
Agregó que evaluarán los escenarios, es decir, si la oposición sigue tenaz en su posición y si empieza una nueva campaña para decir que estamos pretendiendo coartar la libertad de expresión, que es una mentira, que no está ni estará en el documento, ya que ese principio está debidamente consagrado en la Constitución, en ese caso, el pueblo decidirá qué es lo que quiere al respecto.
Agenda legislativa
El presidente Fernando Cordero indicó que la próxima semana se daría paso al segundo debate del Código de la Democracia y la votación de la Ley de Educación Intercultural, mientras para enero quedarían también las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.
Transparencia
Por entusiasmo pudimos haber metido la pata, pero jamás la mano, expresó, al destacar la necesidad que la Contraloría presente oficialmente el informe sobre la gestión de la Asamblea Constituyente, “porque nos interesa transparentar las cosas, pues no se puede permitir que con un borrador se hagan acusaciones y se adulteren los acontecimientos”, dijo.
Es un abuso hablar de cosas que ya fueron esclarecidas. Sin embargo, las personas inculpadas deberían ejercer a plenitud sus derechos, añadió, al recordar que la Fiscalía ha tenido el tiempo suficiente para pronunciarse.
MG/eg
En el marco del lanzamiento del libro “La Constitución de Montecristi, Un Sueño Colectivo”, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, destacó que en esta nueva época la revolución ciudadana se ha nutrido de todas las luchas sociales de liberación y resistencia, frente a todas las formas de dominación y colonialismo.
Es la expresión más popular y comprometida en el cambio reclamado en nuestros sueños. Esta revolución ciudadana es como una gran avenida en donde podemos juntar nuestras manos y corazones, todos los que estamos dispuestos a caminar hacia el futuro para poner de moda la honradez, luchar por una patria altiva y soberana y dar vida, si hace falta, para que los 14 millones de ecuatorianos logremos derrotar para siempre a la pobreza, la injusticia, la inseguridad y la politiquería, destacó.
Mencionó que el 30 de septiembre de 2007 se produjo el mayor triunfo electoral de las fuerzas democráticas de nuestro país, con la apabullante ganancia de los candidatos nacionales y provinciales de Acuerdo País y otras fuerzas políticas comprometidas con el cambio frente a las candidaturas de la partidocracia y las fuerzas de la derecha que se oponían a toda intención de cambio.
Subrayó que el citado libro trata de sintetizar los momentos más importantes de la formulación de la Constitución de Montecristi, como expresión concreta de ese sueño colectivo que empieza a materializarse con el desarrollo de la una institucionalidad creada en la nueva legislación ecuatoriana.
Precisó que el proceso constituyente trabajó guidado por tres mandatos básicos y ancestrales: Ama Killa, ama llulla, ama shuwa (No ser ocioso, no mentir, no robar). Además, ideamos las cuatro revoluciones ciudadanas: ética, económica, ecológica y educativa, para derrotar las inequidades e injusticias y avanzar en la construcción colectiva de ese “Nuevo País” que aún sigue siendo el objetivo de todas y todos.
Hasta noviembre de 2006 nos sentíamos en un país agónico, asolado por la corrupción, el centralismo, la inequidad y el clientelismo. La victoria de Rafael Correa Delgado, en nombre de las fuerzas ciudadanas y políticas, comprometidas con ese cambio profundo y radical, transformó esa agonía en esperanza, enfatizó.
El titular de la Función Legislativa recalcó que hace pocos años (abril 2007) ello fue refrendado con la arrolladora victoria del “SI”, en el proceso destinado a la instalación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes, para transformar el marco institucional del Estado y elaborar una nueva Constitución.
MG/eg
El primer Mandatario, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional la solicitud para que autorice la denuncia de los convenios suscritos por el Ecuador con la República Francesa, el Reino de los Países Bajos y el Reino de Suecia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
El Ejecutivo precisa que dichos tratados contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución, en caso de conflictos relativos a dicho convenio, desconociendo la jurisdicción ecuatoriana.
Argumenta, también, que los tribunales arbitrales a los que estos documentos obligan a someter jurisdiccionalmente al Ecuador, a resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano, no toman en cuenta el derecho ecuatoriano, sino que valoran peculiarmente el concepto de “inversión”, llegando a inobservar el ordenamiento jurídico nacional cuando consideran que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido "arbitrarias" o "discriminatorias".
Para tal efecto, el presidente Correa adjunta los respectivos dictámenes de constitucionalidad emitidos por la Corte Constitucional.
Tales informes manifiestan la necesidad de garantizar la vigencia plena del Art. 422 de la Constitución, que establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de Ia controversia…”
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en los próximos días, iniciará el análisis de estas solicitudes.
MG/eg
El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) calificó hoy el pedido de juicio político a la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, planteado por el asambleísta Rolando Panchana (AP).
El pasado jueves 16 de diciembre, con el respaldo de 60 firmas de PAIS, Prian, Alianza Libertad, PSC e independientes, el Segundo Vicepresidente de la Asamblea presentó oficialmente la petición de juicio político a la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, por graves omisiones en el cobro a los accionistas de la banca cerrada. La documentación fue expuesta al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Panchana acusó a la funcionaria de incumplimiento de lo establecido en los artículos 165 y 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y de las resoluciones 1153, 1427 y 1709 de la Junta Bancaria.
También responsabilizó a Sabando de haber violentado la Resolución N° JB-2002-452, de 14 de mayo del 2002, en la que se determina que el patrimonio mínimo que se requiere para constituir nuevas empresas de seguros y compañías de reaseguros no puede ser menor a tres millones 943 mil 410 dólares.
Norma de procedimiento
El Presidente de la Asamblea remitirá, a través de la Secretaría General, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, a la Presidenta (e) de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite, conforme el Art. 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De acuerdo al Art. 81 de la referida Ley, la Comisión de Fiscalización, dentro del plazo de cinco días avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, caso contrario lo archivará. Calificado el trámite, notificará al funcionario sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
MG
Este miércoles 22 de diciembre, a partir de las 11:00, se llevará a cabo el lanzamiento del libro titulado: “La Constitución de Montecristi: un sueño colectivo; el camino hacia el buen vivir”, que recoge un testimonio del proceso participativo de la sociedad en la elaboración de la Constitución de la República del Ecuador.
La ceremonia contará con la presencia de las principales autoridades de la Asamblea Nacional, ex asambleístas, legisladores, ministros de Estado, personeros de la Alcaldía de Quito, del Gobierno de la provincia de Pichincha, del cuerpo diplomático, representantes de la Iglesia, de organizaciones sociales, entre otros.
La obra pone de manifiesto las repercusiones económicas y sociales del feriado bancario que marcan el inicio de una década de inestabilidad política y económica, con lo cual se benefició la banca privada con, aproximadamente, seis mil millones de dólares, que todavía no han sido devueltos en su totalidad a los depositantes.
Además, expone los antecedentes que dieron lugar a la caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram Ortiz, Jamil Mahuad Witt y Lucio Gutiérrez Borbúa; la pérdida de la credibilidad de la ciudanía en las instituciones democráticas, ya que los poderes públicos no satisfacían sus expectativas, más aún cuando hacia fines del milenio, cerca del 55% de la población ecuatoriana no tenía cubiertas sus necesidades básicas como salud, educación, alimentación y vivienda.
Subraya que el más reciente cambio de siglo en el país estuvo determinado por la incorporación de nuevos actores sociales al debate político nacional, en coincidencia con el declive de los partidos políticos tradicionales. Igualmente, analiza el clamor popular de que se “vayan todos” como rechazo a las actuaciones del Congreso y de la denominada partidocracia.
Destaca también la rebelión de los forajidos, que significó el aparecimiento de nuevas formas de impugnación al poder; que desplazaron de escena a los desprestigiados partidos políticos y colocaron en su lugar a una sociedad movilizada, una corriente ciudadana que se representaba a sí misma y utilizaba nuevos mecanismos de comunicación para convocarse.
Memorias del proceso constituyente
La publicación refiere que el camino hacia la nueva Constitución arrancó con el Decreto 002, firmado por el presidente Rafael Correa Delgado, el primer día de su mandato. La consulta popular para hacer realidad la instalación de la Constituyente, que se efectuó el 15 de abril 2007, logró un abrumador triunfo del SI (86,2% de los votos válidos), lo cual allanó el camino para la elección de los asambleístas.
La Asamblea Constituyente, surgida de la voluntad popular, comenzó a funcionar el 29 de noviembre 2007, a través de 10 mesas de trabajo, a donde acudieron miles de ciudadanos que presentaron importantes aportes para la construcción de la Carta Magna.
Adicionalmente, la obra resume que el complejo de edificaciones de Ciudad Alfaro recibió cerca de 100 mil visitantes que llegaron allí para hacer oír su voz y sus demandas.
Finalmente, hace hincapié en una cronología de los principales acontecimientos registrados en el Ecuador, América Latina y el mundo entre los años 2007 al 2009.
MG/eg
Los arquitectos Gabriela Aguilera Jaramillo, Ana Gabriela Salvador Irigoyen y Juan Carlos Soria Aguas obtuvieron el primer premio del Concurso Nacional de Anteproyectos del Complejo Legislativo.
Con la participación de diversas organizaciones que acudieron a la Legislatura, la asambleísta Dora Aguirre, a nombre de la Asamblea Nacional, entregó un acuerdo legislativo a 15 entidades que defienden los derechos de los migrantes.
La asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, Dora Aguirre, vía skype, envió su saludo fraterno y caluroso a los migrantes e inmigrantes del mundo y, en especial, a los tres millones de ecuatorianos que se encuentran en diferentes países, quienes por diversos motivos tuvieron que dejar su terruño para ir en busca de mejores días para su familia.
Con 91 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución a través del cual se exhorta a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) deje sin efecto los valores pendientes de pago por concepto de tasas por el uso del agua para la actividad dedicada a la crianza de trucha y tilapia, así como la turística.
