El Pleno de la Asamblea Nacional, con 89 votos, resolvió respaldar la posición del Estado ecuatoriano expresada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de no acatar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en consideración a que dicho organismo internacional, no posee dicha atribución de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de la Comisión.
También le exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que, en sus pronunciamientos, preste especial consideración a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, fundamentos básicos del Derecho Internacional Público.
Exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en sus pronunciamientos se respete el principio de debida motivación y que éstos se enmarquen dentro de los límites y en los ámbitos de las competencias y atribuciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y su Estatuto, en cumplimiento del principio de no intervenir en los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados, de acuerdo con la Declaración 2625 de Naciones Unidas.
Esta resolución se aprobó considerando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 24 de marzo de 2014, solicitó al Estado ecuatoriano suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 14 de enero de 2014, emitida por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, mediante la cual se dictó sentencia en contra de Cléver Jiménez.
Además se consideró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y su Estatuto, no posee entre sus atribuciones la de solicitar al Estado ecuatoriano la adopción de medidas cautelares.
En los considerandos se advierte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado una medida cautelar que busca proteger la expresión de afirmaciones falsas que afectan la reputación de terceros, con lo cual contraviene la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Pleno de la Asamblea Nacional recordó que la Declaración 2625 de Naciones Unidas establece el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas.
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