Los asambleístas Rosana Alvarado, Mariangel Muñoz, Liliana Guzmán y Diego Vintimilla, representantes de la provincia del Azuay, con fundamento en lo contemplado en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitaron formalmente al prefecto del Azuay, Paúl Carrasco Carpio, la información que demuestre el cumplimiento de la Ley de Límites, específicamente en lo referente a su artículo 10 que establece la obligación de garantizar la participación activa de la ciudadanía involucrada, como requisito previo para resolver los conflictos de límites internos.
Esta petición la realizaron los legisladores acogiendo la preocupación legítima de los pobladores de la parroquia Molleturo por la forma en que ha avanzado un proceso de solución de conflictos limítrofes respecto a las comunidades ubicadas en Molleturo, parroquia perteneciente al cantón Cuenca.
El asambleísta Diego Vintimilla advirtió que, de acuerdo con la información publicada en los medios de comunicación locales, este proceso se encuentra en su etapa final y en próximos días se firmará la resolución respectiva.
Advirtió que frente a esta situación las y los pobladores de Molleturo han comunicado a los asambleístas que se estaría llegando a dichos acuerdos de solución de límites sin que para el efecto se haya desarrollado un proceso participativo con la gente, incumpliendo el eje transversal que la Ley establece como mandatorio: la participación activa de la ciudadanía como requisito previo a la solución de dichos conflictos.
La participación de la gente no es el membrete de un partido político, es un derecho y mandato legal y estaremos vigilantes para que se cumpla, enfatizó.
