Dos jornadas del Pleno se desarrollaron para escuchar las propuestas de los parlamentarios de diversas bancadas legislativas sobre el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones que busca actualizar la normativa que data de 1992 y crear la nueva institucionalidad que permita que las telecomunicaciones, como sector estratégico del Estado, cumpla su gestión que es fomentar el uso eficiente del espectro radioeléctrico y defender los derechos de los usuarios de servicios.
En la primera jornada de trabajo de la sesión 297 intervinieron 17 parlamentarios; y, en esta segunda jornada participaron 18. Los legisladores destacaron la necesidad de ajustar la normativa al marco constitucional y fijar reglas claras donde se determine las competencias del Gobierno Central para la administración, regulación, gestión y control de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.
En el debate se resaltó que la normativa regula los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y de los prestadores de servicios, así como la necesidad de disponer servicios de telecomunicaciones de calidad, facturación exacta y oportuna, el no redondeo de tarifas, el derecho de acumular saldos, el derecho de conservar el número (portabilidad), entre otros.
Algunos parlamentarios no están de acuerdo que se elimine la Superintendencia de Telecomunicaciones y que en su reemplazo se cree la Agencia Nacional de Regulación.
En la continuación de la sesión, hoy, el asambleísta César Umaginga, hizo reparos al artículo 16 que se refiere a las telecomunicaciones reservadas a la seguridad nacional; y, al artículo 54 sobre los derechos y tarifas por uso del espectro, por lo que pidió analizar estos temas.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Oswaldo Larriva, indicó que es importante el derecho preferente que debe tener la empresa pública, a la vez que destacó la gestión de ETAPA. Pidió a los comisionados se invite al alcalde de Cuenca, al gerente de ETAPA y legisladores de Azuay para explicar algunos aspectos sobre el servicio que ofrece esta empresa.
Entre tanto, el legislador Franco Romero sugirió el archivo del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, argumentando que afecta a la seguridad jurídica de los trabajadores y operadoras de telefonía celular; mientras que la parlamentaria Soledad Vela opinó que la normativa es una herramienta para erradicar las inequidades y tiene relación estrecha con lo que determina la Ley de Comunicación.
Abdalá Bucaram Puley precisó que el artículo 408 de la Constitución establece ya la participación y beneficio del Estado en el espectro radioeléctrico No hay que perjudicar a la clase trabajadora dijo al manifestar que la Asamblea debe fiscalizar los recursos que pagan operadoras telefónicas. Por su parte, el asambleísta Fausto Terán aclaró que el tema de las utilidades de los trabajadores no consta en la Ley de Telecomunicaciones, a la vez que propuso que se establezca la regulación de la televisión satelital.
Fanny Uribe señaló que los cambios que se estructuran en este cuerpo legal permiten a los ciudadanos alcanzar el país que soñamos y argumentó la necesidad de dotar de tablets a los alumnos para consolidar la revolución educativa. Richard Farfán, invocó hacer efectivo los derechos de más de 370 mil personas con discapacidad por parte de las operadoras de telefonía que deben realizar acciones afirmativas, tomando en cuenta que son un grupo de atención prioritaria.
El asambleísta Segundo Campoverde comentó que no es posible que por más de 24 años exista una ley hecha a la medida de los grandes sectores de la derecha. Ya era hora de establecer un marco normativo moderno, acorde a los avances tecnológicos para eliminar los monopolios, acotó. Cristina Reyes aseveró que este cuerpo legal busca captar recursos mediante la generación de impuestos, ya que se crea la figura de regalías, lo cual es inconstitucional, pues cobrar regalías significa castigar su eficiencia.
El legislador Raúl Patiño subrayó que el negocio más rentable y monopólico es el de las empresas celulares, con marcada explotación a los usuarios tras indicar que la propuesta no pretende castigar a empresas telefónicas, sino hacer cumplir la ley; mientras que la legisladora Verónica Rodríguez manifestó que la Constitución en su artículo 336 dispone al Estado velar por el comercio justo y pidió clarificar la posible duplicidad de funciones de los entes de control en el ámbito de telecomunicaciones; Rosa Elvira Muñoz demandó que la empresa privada invierta en el área rural, para dotar de internet, telefonía y comunicación. Ricardo Zambrano expresó que la normativa supera fallas del mercado, a fin de masificar el servicio en el territorio nacional.
La asambleísta Verónica Arias destacó la decisión de permitir que los trabajadores de telefonía celular sigan percibiendo sus utilidades a la vez que manifestó que la Ley de Telecomunicaciones no establece la figura de impuesto, sino de una legal intervención; María Cristina Kronfle resaltó la inversión de empresas telefónicas en sectores rurales del país. Paola Pabón indicó que la Ley de Telecomunicaciones es importante para el país, pues la ley vigente es caduca. La desaparición de la Superintendencia no significa que se vaya a eliminar el control y regulación en las telecomunicaciones, al sostener que lo sectores estratégicos tienen que beneficiar a los 14 millones de ecuatorianos.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, al cerrar el primer debate de este tema, recordó a los legisladores que tienen tres días para presentar sus observaciones a fin de que la Comisión de Gobiernos Autónomos prepare el informe para segundo debate.
JLVN/pv
