En las afueras de la Sede Legislativa, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, compartió con cerca de 500 personas de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, pueblos indígenas, montubios, afroecuatorianos su alegría y satisfacción por la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, que marca el inicio de la revolución agraria, dijo.
El viejo país de la partidocracia usó, por décadas de años, el agua como una mercancía, que discriminaba a los verdaderos usuarios y herederos legítimos de aquellas fuentes y cuencas, a los custodios de los páramos, que solo este proceso de la revolución ciudadana ha sabido reivindicar; hoy el agua es un derecho de todos, subrayó.
Anunció que a partir de julio se dará paso al trámite del proyecto de Ley de Tierras, de iniciativa popular, en la Comisión de Soberanía Alimentaria, al tiempo de aseverar que Ecuador ha consolidado su dignidad, soberanía y el hecho que el uso de los recursos estratégicos vaya para el desarrollo nacional.
Entre tanto, Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, manifestó que la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos responde a un mandato de la sociedad ecuatoriana, de los pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos por más de 20 años, la cual abre caminos, surcos y posibilidades para profundizar la trasformación que vive la nación.
Aplaudió la decisión que la propuesta en materia de tierras entre a discusión el tercer trimestre del presente año, conforme la planificación de la Agenda Legislativa. Vamos con paso firme a seguir construyendo un país democrático, equitativo, soberano y solidario, agregó.
La aprobación de la Ley de Recursos Hídricos es un triunfo del pueblo, según el criterio de Daniel Cañola, representante del sector afroecuatoriano, quien además expuso que así se reivindica los derechos de los campesinos, de la gente del campo, de pequeños y medianos productores.
Mientras, José Agualsaca, de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), mencionó que hoy es un día histórico para el cambio de la vida de la comunidad y los campesinos. No pueden seguir, en pleno siglo XXI, los niños del campo tomando agua entubada, por tanto, urge potabilizarla para alcanzar niveles de igualdad entre campo y ciudad; es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad social en cuanto a la redistribución del recurso para hacer efectivo el mejoramiento de la producción y productividad, añadió.
De su lado, Santos Villamar, de la Fenocin, comentó que la normativa defiende los derechos e intereses del campesinado, al puntualizar que “Gabriela Rivadeneira es una mujer que se ha fajado para responder a la lucha de los pueblos y al verdadero cambio del país, que fue postergado por años por los gobiernos neoliberales”.
Doris Solís, secretaria de AP, dijo que el agua es un patrimonio estratégico de todos y todas, al revelar que el 25% de las zonas marginales no ha tenido acceso al líquido, al ponderar el trabajo de la Comisión de Soberanía Alimentaria y de la Asamblea Nacional.
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