La segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, negó que la propuesta de enmienda constitucional respecto de las atribuciones de la Contraloría General del Estado vaya a limitar o mutilar sus funciones de auditar las cuentas del sector público.
La legisladora explicó que, por su naturaleza, el Contralor es el juez de cuentas del Estado, quien, bajo esa lógica, tiene la potestad de vigilar el correcto uso de los recursos públicos, disponer auditorías y exámenes especiales, emitir glosas, intervenir como parte de juicios civiles, administrativos o penales relacionados con el manejo de los dineros públicos, elaborar informes previo a la celebración de todo contrato en las instituciones del Estado, entre otras. “Esas atribuciones no se alteran con la enmienda constitucional que estamos impulsado”, aseguró Aguiñaga.
Recordó que la vigente Ley Orgánica de la Contraloría norma todo un capítulo sobre el Sistema de Control Externo, y allí dispone herramientas para ese control: auditorías financieras, de gestión, ambientales, de obras públicas o ingeniería, y el examen especial. Por lo tanto, añadió, “se ha generado una alarma innecesaria”.
Explicó que la modificación propuesta sobre los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República simplemente plantea circunscribir, como es lógico, el rol de la Contraloría al correcto uso de los recursos públicos, y dejar en manos de otros organismos la verificación y análisis del cumplimiento de los objetivos de cada entidad del Estado, pues, agregó, el control de la gestión le corresponde al nivel jerárquico superior del organismo administrativo donde presta sus servicios un servidor público: “el Presidente de la República sobre sus Ministros de Estado, los Ministros de Estado sobre sus subsecretarios y asesores, un alcalde sobre las dependencias de la administración municipal”, manifestó.
“Por ejemplo, no tiene sentido que la Contraloría verifique el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, que es el eje de la política pública del gobierno nacional. Ese rol de verificación lo debe tener, y de hecho lo tiene, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES”, afirmó.
Finalmente, la Segunda Vicepresidenta de la Asamblea instó a esperar el dictamen de la Corte Constitucional respecto del proyecto de enmiendas, cuyo análisis reposa en este organismo desde el 26 de junio.
