El asambleísta por Loja, Raúl Auquilla Ortega, lamentó que el Estado aún no cuente con programas de asilos o centros de albergue para atender a los discapacitados adultos. ¿Quién va a cuidar de estas personas, una vez que sus familiares ya no estén?, se preguntó el legislador y, dijo que es urgente que el Estado implemente un proyecto de esta magnitud.
El representante de Loja en la Función Legislativa hizo este pronunciamiento esta mañana, en el seno de la comisión de Derechos de la Salud, tras escuchar la exposición del titular de la Secretaría Técnica de Discapacidades, Alex Camacho, que acudió hasta ese ente legislativo, para exponer sobre la transición y funcionamiento de esa entidad pública.
Por ello, Auquilla, aprovechando la presencia del máximo representante de la Secretaría Técnica de Discapacidades, solicitó se considere su planteamiento, tomando en cuenta que en el país hay un elevado porcentaje de personas adultas con discapacidad que, al no contar con el cuidado de sus familiares, necesitan la protección directa por parte del Estado.
Sin dejar de reconocer el trabajo que cumpliera, en su momento, el ex-vicepresidente de la República, Lenin Moreno, a favor de las personas con capacidades especiales, el legislador lojano pidió a la Secretaría Técnica de Discapacidades continuar con esa grata labor, considerando que aún, este segmento de la población, no logra concretar todas sus aspiraciones y derechos consagrados en la Ley y la Constitución.
La ocasión, también fue propicia para que el asambleísta planteara, tanto al seno de la comisión de los Derechos de la Salud, como al titular de la Secretaría Técnica de Discapacidades, realizar una reunión de trabajo en Loja, teniendo como escenario la Casa Hogar El Angel, hoy CADE, constituida en el primer albergue, en el país, orientada al cuidado, protección y rehabilitación de personas con capacidades especiales, propuesta que aceptada por Camacho.
Auquilla recordó que gracias a la iniciativa legislativa presentada por la ex-diputada por Loja, Carmen Ocampo, el 2006, el Congreso Nacional aprobó la reforma al Código de Trabajo, exigiendo a las entidades públicas y privadas incluir dentro de la nómina de trabajadores a personas discapacitadas.
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